En un reciente artículo publicado por El Mercurio, Miguel Lawner, Premio Nacional de Arquitectura, criticó las afirmaciones de Iván Poduje sobre las tomas de terrenos en Santiago, argumentando que estas no son casualidades, sino el resultado de largos procesos planificados por comunidades organizadas. Lawner destacó la importancia de la historia de la toma de La Victoria en 1956, la cual marcó el inicio de un movimiento que junto a arquitectos comprometidos, como los de su oficina BEL Arquitectos, buscó soluciones habitacionales para familias en condiciones precarias. Esta capacidad de planificación y solidaridad es, según Lawner, incomprensible para quienes ven el diseño urbano solamente como una transacción comercial.
Lawner enfatiza que la esencia de las tomas de terreno en Santiago no surge del caos, sino de la desesperada necesidad de familias que buscan un hogar. Cita el informe del SERVIU, que revela datos alarmantes sobre la situación de las 10.000 familias que han ocupado el cerro Centinela, enfatizando las altas proporciones de jefaturas de hogar encabezadas por mujeres y la alarmante cantidad de menores de edad entre los residentes. Esta información contrapone la narrativa que sostiene Poduje, sugiriendo que estos asentamientos son simplemente usurpaciones, redactando en su lugar una imagen de esfuerzos comunitarios legitimizados por la urgencia de acceso a la vivienda.
Además, Lawner se refiere a la compleja realidad demográfica de quienes habitan estos macro campamentos, donde la mayoría son chilenos provenientes de las propias regiones afectadas y donde un alto porcentaje pertenece al estrato más bajo de ingresos. Resalta que aproximadamente el 90% de los jefes de hogar no cuentan con otras propiedades, lo que demuestra la falta de alternativa viable para estas familias. Esta realidad pone en tela de juicio las afirmaciones de Poduje, quien las califica de «planificadas» por sectores acomodados, al remitir las causas de estas tomas a motivaciones puramente económicas sin reconocer la pobreza y la urgencia de quienes se ven forzados a ocupar terrenos deshabitados.
Lawner también reclama que el Estado de Chile tiene una responsabilidad directa en esta crisis habitacional al no ofrecer alternativas efectivas a las familias de escasos recursos que se ven obligadas a emprender estas acciones. Al desestimar el contexto político y social que rodea estas tomas, Poduje ignora la raíz del problema y sugiere una falta de ética en la participación de profesionales que apoyan a los pobladores en sus demandas. En este sentido, Lawner llama la atención sobre la conexión entre el derecho a la vivienda y la necesidad de justicia social, una perspectiva que contrasta con el enfoque mercantilista que algunos sectores promueven.
Por último, Lawner reafirma que las tomas son un reflejo de una necesidad urgente que el Estado debe abordar, y que no deben ser vistas como fenómenos aislados o meras usurpaciones. Con una clara crítica hacia la visión economicista de poduje, el arquitecto pretende abrir un debate sobre el papel que deben jugar tanto los profesionales del diseño urbano como el gobierno en la solución de esta crisis habitacional, proponiendo un enfoque más humano y solidario que contemple las necesidades legítimas de las comunidades vulnerables, un llamado a la reflexión sobre la importancia del diseño social en el ámbito urbano.