El gobierno de Nicaragua ha tomado la drástica decisión de cancelar la personería jurídica de otras 15 asociaciones sin fines de lucro, incluyendo a la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), cuyo establecimiento se remonta a 1979, tras el triunfo de la Revolución Sandinista. Esta acción se formalizó en Managua mediante dos acuerdos ministeriales firmados por María Amelia Coronel, ministra de Interior, que fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Con esta medida, el número total de organizaciones no gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018 asciende a más de 5,670, lo que evidencia un alarmante patrón de represión hacia la sociedad civil en el país.

El Ministerio del Interior justificó la disolución de las ONG al afirmar que seis de ellas, entre las cuales se incluye la UPN, fueron cerradas por incumplimientos a las leyes regulatorias, especialmente por no haber presentado sus estados financieros correspondientes a los años 2023-2024. En el caso de la UPN, se argumentó también que su junta directiva había caducado en mayo de 2017. Por el contrario, otras nueve organizaciones optaron por solicitar su disolución de forma voluntaria, aunque en el contexto actual esto podría interpretarse como una presión del gobierno.

Entre las 15 entidades afectadas se encuentran organizaciones notables como la Fundación Proyectos Comunitarios para el Desarrollo Sostenible, la Asociación Héroes y Mártires del Terrero Blanco ‘Silvestre Ramírez Luna’, y la Fundación Rainbow Network. Esta tendencia a disolver ONG ha generado una creciente preocupación tanto a nivel local como internacional, dado que muchas de estas organizaciones desempeñaban funciones críticas en áreas como la defensa de derechos humanos, el desarrollo comunitario y la asistencia social, aspectos que son vitales en el contexto de la crisis que atraviesa el país.

Desde abril de 2018, Nicaragua ha estado sumida en una crisis política y social que se ha intensificado tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, donde el presidente Daniel Ortega fue reelegido por quinta vez, con múltiples opositores encarcelados y despojados de sus derechos políticos. Esta situación ha suscitado críticas de varias naciones y organismos internacionales, que han señalado violaciones de derechos humanos y restricciones severas a la libertad de expresión. La represión a los medios de comunicación y la clausura de instituciones académicas son parte de este panorama sombrío.

La cancelación de la personería jurídica a organizaciones cívicas, incluida la UPN, no solo afecta a los grupos en sí, sino también a la sociedad nicaragüense en su conjunto. Con cada cierre, las voces críticas se silencian, y el espacio para el diálogo y la participación ciudadana se reduce aún más, en un entorno donde la opresión y el miedo parecen ser la norma. Esta situación plantea serias interrogantes sobre el futuro de la democracia y los derechos en Nicaragua, dejando a muchos en la incertidumbre sobre el rumbo del país.