En un contexto donde el debate social se focaliza en la inseguridad y los delitos, la ultraderecha chilena ha sabido utilizar esta preocupación para impulsar reformas que erosionan derechos laborales y reducen la responsabilidad empresarial, debilitando al Estado en dimensiones fundamentales. Lo que se presenta bajo la fachada de políticas de seguridad, en realidad, encierra un conjunto de medidas antisociales que exacerban la desigualdad. Esta estrategia, en ocasiones desprovista de crítica, promete un orden que no es más que un orden corporativo, cuya verdadera naturaleza permanece oculta ante la narrativa de miedo que se propaga en los discursos públicos. La urgencia nacional se convierte así en un velo que impide el escrutinio a políticas que perjudican significativamente a los sectores más vulnerables de la población, aquellos que requieren urgentemente protección social y garantías de derechos fundamentales.
La ultraderecha también se beneficia de un apoyo económico que, lejos de ser casual, se manifiesta a través de financiamientos provenientes de gremios empresariales que respaldan discursos de intolerancia. Estos recursos orientados a campañas políticas no buscan únicamente defender la ciudadanía, sino que pretenden sostener un Estado que favorezca las reglas de un modelo económico que perpetúa privilegios para unos pocos. Esta guerra contra la delincuencia se articula, entonces, como una contención de cualquier intento de redistribución económica, caricaturizando la política en un campo de guerra en el que cualquier reclamo social puede ser tratado como una amenaza. Este esquema sostiene un ciclo de deslegitimación hacia las voces críticas que cuestionan el orden establecido, cimentando un ambiente donde la desigualdad se normaliza y el diálogo social se desplaza hacia la criminalización.
La televisión chilena, uno de los pilares comunicacionales del modelo ultraderechista, ha jugado un papel clave al amplificar el mensaje de miedo y legitimidad del uso de la represión como único recurso de gobernabilidad. Cuestionar esta narrativa se vuelve un acto heroico en medio de un entorno saturado de noticias que construyen una imagen de caos inminente. La omnipresencia de comentaristas uniformes y relatos simplificados que favorecen a intereses conservadores contribuye a silenciar alternativas que podrían surgir desde miradas diversas. Al desdibujar los matices y acallar a quienes exigen un análisis crítico, los medios se convierten en cómplices de un discurso capaz de moldear la opinión pública y de justificar un estado de excepción en términos de seguridad nacional. Este fenómeno transforma la valoración ciudadana respecto de la represión, haciéndola socialmente aceptable al limitar la discusión a parámetros donde la crítica queda relegada al miedo mutuo.
La propuesta de militarización como solución a los conflictos sociales ha encontrado un terreno fértil entre las ideas de la ultraderecha, que la presentan como una alternativa práctica en tiempos de crisis. Sin embargo, la historia de América Latina ha demostrado que tal entrega de poder a las fuerzas armadas lleva a más violaciones de derechos que a soluciones efectivas. En vez de enfrentar las raíces estructurales de la violencia, que provienen de desigualdades profundas, la militarización solamente posiciona al Estado como un agente represivo, alejándolo de su rol como garante de derechos. Esta visión reduccionista ignora que la verdadera solución a los problemas sociales implica un enfoque amplio y fundamentado en políticas públicas que busquen incluir y no excluir. Adoptar la mano dura como norma es, en última instancia, un reconocimiento del fracaso de una política que no busca la construcción social sino la gobernabilidad mediante el miedo.
Chile tiene la capacidad de optar por un orden que se construya desde la dignidad y no desde la imposición de la fuerza. La verdadera seguridad proviene de la creación de oportunidades y de un Estado que garantice derechos y protecciones efectivas para toda su ciudadanía. En momentos donde la ultraderecha se presenta como la única alternativa viable, la historia y la memoria colectiva del pueblo chileno nos recuerdan la importancia de la participación activa y la organización social. La esperanza es un sentimiento que puede superar la tentación de la represión, siempre que la ciudadanía busque soluciones reales y exija un futuro en el que el respeto y el diálogo sean los cimientos de una convivencia armónica. Es crucial que el país no caiga en la trampa del autoritarismo, sino que abogue por un modelo de convivencia que valore el bien común sobre los intereses de few, recordando que el verdadero orden no nace de la fuerza, sino del compromiso mutuo.