Por primera vez en un siglo, el pueblo trabajador de Chile está viviendo una revolución política sin el apoyo de una fuerza política revolucionaria consolidada. Esto se evidencia desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, que apremia a una transformación profunda, pero que se encuentra desprovista de un liderazgo que busque subordinar y consolidar este movimiento en un objetivo claro. Manuel Riesco, economista y vicepresidente de Cenda, destaca la carencia de una organización que pueda canalizar esta energía popular en estos tiempos de crisis, lo que refleja la profunda deslegitimación del sistema político que derivó de años de gobiernos democráticos que no supieron erradicar la herencia abusiva de la dictadura.
Los gobiernos de centro e izquierda, que aclamaron la transición a la democracia tras la dictadura de Pinochet, fracasaron en implementar reformas significativas que atacaran directamente la impunidad de los abusos que surgieron el 11 de septiembre de 1973. A pesar de los logros en ciertos sectores, como la expansión de derechos básicos y mejoras sociales, estos partidos optaron por buscar acuerdos con los sectores más poderosos en lugar de confrontar abiertamente las estructuras de poder. Esta estrategia fue la chispa que condujo al estallido social, donde la consigna «No son 30 pesos, son 30 años» se convirtió en un grito de resistencia contra un sistema que perpetuó la desigualdad y el abuso.
La respuesta política al estallido se materializó en el acuerdo constitucional del 15 de noviembre de 2019, un intento por dar cauce a las demandas de cambio. Sin embargo, el gobierno del presidente Gabriel Boric parece haber replicado los mismos errores del pasado al priorizar los pactos con los poderes establecidos en lugar de llevar a cabo las reformas que la ciudadanía exige. Esto ha derivado en una mayor deslegitimación, arrastrando consigo a la Convención Constitucional y las instituciones del Estado, haciendo que la vida de muchos chilenos se torne cada vez más insostenible y aumentando la crispación en todos los sectores de la sociedad.
En un giro inesperado, el pueblo trabajador de Chile volvió a hacer sentir su voz en las primarias presidenciales de 2025. La elección de una mujer que representó sus anhelos evidenció una búsqueda de cambio profundo, y aunque el resultado fue una derrota para la coalición de partidos que habían liderado previamente, es una clara señal de que la demanda de transformación no ha cesado. Este desconcertante rechazo se asemeja a la experiencia de 1973, recordando que los pueblos son capaces de crear y destruir a sus líderes, planteando interrogantes sobre el futuro de la política chilena y sobre cómo será el desenlace de una crisis que parece no tener fin.
Finalmente, la actual realidad geopolítica internacional agrava aún más la situación en Chile, donde la amenaza de intervenciones y la manipulación de poderes externos representan un desafío para la soberanía nacional. Es fundamental que la coalición de partidos democráticos y progresistas se reoriente hacia una lucha por la soberanía y haga eco de las voces del pueblo trabajador que exige reformas urgentemente postergadas. La historia muestra que las revoluciones sociales son una expresión del pueblo frente a las injusticias, y para que esto se concrete, es crucial que surjan partidos revolucionarios verdaderamente comprometidos con el bienestar de la sociedad, capaces de canalizar la energía del pueblo hacia reformas que erradiquen los abusos históricos.