La reciente absolución del excarabinero Claudio Crespo, responsable de dejar ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social en Chile, ha despertado profundas inquietudes sobre la función del sistema judicial en el país. Este fallo no puede considerarse un mero error judicial; más bien, se alza como una confirmación brutal y alarmante de que la justicia en Chile opera con un sesgo sistemático que favorece a los agentes del Estado. Gustavo, un ciudadano que ejercía su derecho a protestar, fue víctima de una estrategia de represión estatal, lo que resalta el contraste entre las realidades de quienes desafían el status quo y aquellos que actúan en nombre del poder constituido.
El fallo absolutorio de Crespo revela la naturaleza estructural del sistema de justicia chileno, que se manifiesta, en reiteradas ocasiones, como un defensor de las élites económicas y políticas. La represión de la protesta social ha sido parte de una táctica sistemática, donde los desbordamientos populares son enfrentados con una fuerza desproporcionada. A medida que el Estado se enfrenta a cuestionamientos, la impunidad de los agentes de seguridad se convierte en un estándar, mientras que los ciudadanos se enfrentan a una persecución que evidencia una doble moral en la aplicación de la ley. En este contexto, Gustavo Gatica deja de ser una víctima para convertirse en una estadística más dentro de un esquema de justicia que clama por ser reestructurado.
Este fenómeno no se limita al caso de Gatica, sino que se observa también en la persecución judicial de figuras como el alcalde Daniel Jadue, quien ha sido objeto de una campaña judicial y mediática, sugiriendo un uso de la justicia como herramienta de disciplinamiento, no de imparcialidad. La disyuntiva es clara: quienes representan una amenaza al orden establecido son castigados, mientras que los que sostienen la violencia del Estado son protegidos. Este doble estándar no solo afecta la percepción pública sobre la justicia, sino que socava las bases democráticas en las cuales se supone debe sustentarse cualquier sistema legal.
Las instituciones policiales, lejos de ser reformables o desviadas, hay que entenderlas como estructuras históricas de control, forjadas para proteger propiedades y reprimir el conflicto social. El escándalo que rodea la Ley Naín-Retamal, respaldada por el gobierno actual, subraya este punto, al ampliar los márgenes de acción de las fuerzas del orden. Esta ley, presentada bajo el discurso de protección, en realidad fragiliza el control civil y fortalece la impunidad, armando a las fuerzas represivas con una carta blanca que les permite actuar sin miedo a represalias. Así, el fallo que hoy conmociona a la sociedad chilena es un reflejo directo de un orden legal que debe ser cuestionado y transformado.
Frente a esta oscura realidad, donde el Estado se arroga el derecho de decidir sobre la vida y los derechos de sus ciudadanos, es fundamental que no prevalezca la resignación. La memoria colectiva y la conciencia social juegan un papel crucial. Gustavo Gatica, como símbolo de resistencia y lucha por justicia, encarna el recordatorio permanente de que la democracia chilena ha estado sostenida sobre cuerpos oprimidos y verdades ocultas. Ante la injusticia de clase que define la actualidad, la sociedad no debería rendirse; más bien, es tiempo de organizarse, insurreccionarse y exigir un cambio profundo en las estructuras del Estado, donde la justicia sea un hecho y no una ilusión.