La reciente elección de José Antonio Kast ha suscitado fuertes reacciones en la sociedad chilena, especialmente en relación a la administración de las políticas públicas y la respuesta a la movilización social. Voceros partidarios del presidente electo han diseñado un discurso alarmista que califica las movilizaciones como actos de violencia y desestabilización, lo que despierta preocupación por un posible aumento en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Esta tendencia representa un retroceso en los avances democráticos y podría acabar por fomentar un clima de represión en lugar de un ambiente propicio para el diálogo y la participación ciudadana.
Las declaraciones realizadas por miembros del futuro gobierno de Kast indican un desdén por la participación activa de la ciudadanía en la vida política del país. La división creada entre quienes defienden movilizaciones sociales y quienes las criminalizan es un reflejo de una política que no solo ignora la diversidad de las organizaciones sociales, sino que también busca acallar voces disidentes bajo la premisa de que movilizarse es sinónimo de caos y violencia. Este enfoque no solo menoscaba la democracia participativa, sino que pone en peligro los derechos civiles que han sido duramente conquistados por la sociedad chilena.
Además, el nombramiento de asesores con antecedentes de represión, como el exgeneral Enrique Bassaletti, pone en evidencia una alineación preocupante con prácticas autoritarias. La advertencia de que los movimientos sociales recibieran una «dura y determinante respuesta» ante su expresión es una clara señal de que el nuevo gobierno podría estar dispuesto a recurrir a tácticas de control y represión, en lugar de buscar soluciones dialogadas para los conflictos sociales. Estas actitudes podrían llevar a una escalada de la violencia policial y, con ello, a la recrudescencia de violaciones a los derechos humanos en el país.
La criminalización de la protesta social y la estigmatización de quienes luchan por sus derechos pueden convertir a Chile en un escenario donde el miedo y la represión reemplacen la participación y el activismo social. La retórica de la «mano dura» se presenta como una amenaza directa no solo a los movimientos feministas, laborales, o indígenas, sino a la propia esencia de una sociedad civil activa y viva. Si se implementan estas políticas represivas, podríamos estar ante un avance del autoritarismo que según muchos, caracterizaría el gobierno de Kast, desvirtuando cualquier objetivo de seguridad que se proponga.
Los chilenos se encuentran ante un dilema crítico: la alternativa de vivir en una sociedad donde se silencia la voz del pueblo o elegir el camino de la resistencia y la participación activa. La polarización provocada por el nuevo gobierno y sus voceros, que ocultan la realidad de las movilizaciones detrás de un manto de acusaciones contra el comunismo y la intervención de elementos externos, podría llevar a una crisis de gobernabilidad en la que la represión se convierta en la norma. Al final, la promesa de un futuro mejor, proclamada por Kast, corre el riesgo de convertirse en una falacia, si no se actúa con prudencia y se respeta el derecho a la movilización y la expresión pacífica de la sociedad.