En un reciente análisis del «Informe sobre Desigualdad de Ingresos en Chile 2026», la Subsecretaría de Evaluación Social ha lanzado un fuerte cuestionamiento sobre la manera en que históricamente se ha presentado la desigualdad en el país. A menudo, los informes como el Casen han sostenido que la desigualdad se reducía lentamente, pero la nueva investigación revela una cruda realidad: el 10% más rico de la población chilena no solo concentra un tercio del ingreso, sino que cerca de la mitad de todos los recursos. Mientras tanto, el 50% más pobre, que representa la mitad del país, apenas recibe un escaso 15% de la producción nacional. Este informe no es simplemente un capricho político; surge de la propia estructura del Estado chileno, respaldada por cifras y métodos de investigación rigurosos.

La metodología utilizada para este informe ha sido clave para desterrar las viejas narrativas que minimizaron la desigualdad. Al cruzar datos de la encuesta Casen con información del Servicio de Impuestos Internos y del Banco Central, se ha revelado un panorama desolador. El coeficiente de Gini, que tradicionalmente se había mantenido en cifras relativamente optimistas de 0,47, se dispara a 0,59 al incluir ganancias no distribuidas. Este ajuste permite ver que las utilidades que los empresarios deciden no repartir también deberían ser consideradas como parte del ingreso nacional, lo que cambia radicalmente la percepción de la distribución de la riqueza en Chile.

Los datos son aún más alarmantes cuando se consideran las disparidades de riqueza. Se ha informado que el 1% más rico se lleva el 19,7% del total de lo que se produce en el país, mientras que una parte significativa de la población, el 50% más pobre, se enfrenta a una realidad de riqueza neta negativa. Esto significa que muchas familias deben más de lo que poseen, lo que precariza su situación económica y perpetúa un ciclo de deuda y dependencia. Además, estos números ponen de manifiesto que quienes trabajan para sostener la economía no ven compensada su labor, ya que la riqueza generada termina en manos de unos pocos.

El informe también ha resaltado la profunda brecha de género en los ingresos. Se ha revelado que los hombres obtienen un 67,8% más de ingresos que las mujeres en trabajos autónomos. Esto refleja una estructura socioeconómica que, históricamente, ha relegado a las mujeres a roles de cuidado y trabajos mal remunerados. Esta desigualdad es parte de un sistema que depende de la explotación de una fuerza laboral que no siempre es reconocida o compensada adecuadamente, perpetuando no solo la desigualdad económica, sino también la social.

Finalmente, es importante destacar que el centralismo en la distribución de la riqueza ha exacerbado las tensiones sociales en Chile, donde regiones como la Araucanía quedan marginadas en comparación con la Región Metropolitana. La Subsecretaría ha llamado a fortalecer políticas redistributivas, pero muchos cuestionan la efectividad de estas medidas si no se aborda el sistema económico en su conjunto. La realidad es clara: mientras el modelo neoliberal continúe intacto, la redistribución será meramente un parche insuficiente. Como concluye el informe, para que Chile avance realmente, esimperativo cambiar las estructuras que han perpetuado la desigualdad durante tanto tiempo. Es hora de que la clase trabajadora, organizada y consciente de su poder, exija lo que verdaderamente le corresponde.