Catalina Giraldo, una psicóloga colombiana de 30 años, ha dado a conocer su dura lucha contra el sufrimiento crónico que padeció durante la última década, un sufrimiento que la ha llevado a explorar todas las opciones posibles para aliviar su dolor. Diagnostica con trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad, Catalina ha probado cerca de cuarenta esquemas farmacológicos y numerosas terapias, incluyendo la terapia electroconvulsiva y las infusiones de ketamina, en su búsqueda de un respiro mental y emocional. A pesar de sus esfuerzos continuos y de las hospitalizaciones frecuentes debidas a crisis agudas, recientemente expresó sentirse exhausta y sin esperanza, afirmando que su situación se siente como un infierno que agota todas sus fuerzas. En una reciente entrevista, Catalina tocó la fibra emocional de muchos al pedir acceso a la asistencia médica al suicidio, ante la escasa mejora que experimentó con los tratamientos actuales.
La solicitud de Catalina destaca la creciente discusión sobre el derecho a una muerte digna en Colombia, un país que ha avanzado significativamente legislando sobre la eutanasia y, más recientemente, sobre la asistencia médica al suicidio. Esta figura jurídica posibilitaría que los pacientes, como Catalina, tomen la decisión de poner fin a su sufrimiento a través de un proceso controlado y compasivo. Sin embargo, su EPS le negó la solicitud de eutanasia, argumentando que no presenta una enfermedad terminal o incurable, una decisión que Catalina y su abogado consideran injusta, subrayando que lo que se requiere es la evaluación de su sufrimiento, que ha persistido a pesar de múltiples tratamientos. La negativa a su solicitud revela no solo un vacío legislativo, sino también la complejidad del actual sistema de salud colombiano, que parece no estar capaz de adaptarse a las necesidades de los pacientes que sufren de enfermedades crónicas incapacitantes.
Catalina ha decidido luchar no solo por su propio derecho sino por el de otros que enfrentan situaciones similares y se sienten atrapados en un sistema que no les ofrece soluciones adecuadas. Junto a su abogado, Lucas Correa Montoya, han emprendido una batalla legal que busca la implementación de reglas claras que regulen la asistencia médica al suicidio en el país, ya que, a pesar de los avances en la despenalización de la eutanasia, el suicidio asistido no cuenta con una normativa específica. Esto representa un obstáculo significativo para muchos que, como Catalina, buscan un fin a su sufrimiento en sus propios términos. Sin embargo, la decisión de la Corte Constitucional en 2022 ofrece un rayo de esperanza al crear un precedente que reconoce que los médicos no incurren en un delito al asistir en el suicidio de pacientes que sufren de enfermedades gravemente incapacitantes.
La batalla de Catalina se intensifica con la presentación de una acción de tutela, un recurso legal que permite a los ciudadanos colombianos reclamar sus derechos ante violaciones inminentes. A pesar de sus esfuerzos, su petición fue rechazada por el juez, quien argumentó que Catalina no había agotado todas las vías para acceder a la muerte digna, lo que añade más presión a su situación ya de por sí crítica. Su abogado, Correa, destaca que la decisión del juez es un error jurídico, ya que Catalina no está pidiendo eutanasia, sino un derecho que debería estar al alcance de todos. Con la esperanza de que la Corte Constitucional reconsidere su caso, Catalina continúa su lucha en busca de ser la primera colombiana en acceder a la asistencia médica al suicidio, marcando un paso significativo en la conversación sobre la autonomía y el derecho a decidir sobre la vida y la muerte.
En su declaración, Catalina ha expresado que su solicitud para el suicidio médicamente asistido no solo es un viaje hacia la autolibertad, sino también un acto de amor hacia su familia. Quiere evitar que sus seres queridos vivan el dolor de su sufrimiento prolongado y busca un proceso que les permita acompañarla en este difícil momento. Esta reflexión pone de relieve la necesidad de mayor comprensión y empatía hacia aquellos que enfrentan luchas invisibles. Catalina afirma que muchas personas terminan con sus vidas de formas violentas debido a la desesperación y el sufrimiento, y que garantizar un suicidio asistido controlado podría ser una alternativa compasiva y menos traumática para todos los involucrados. A medida que la sociedad colombiana avanza en su aceptación de la muerte digna, el caso de Catalina podría ser el catalizador para un cambio significativo en la regulación de la asistencia médica al suicidio en el país, promoviendo un diálogo más amplio sobre este tema delicado y crucial.