En el contexto político actual de Chile, las iniciativas impulsadas por el gobierno de Kast han generado considerable preocupación en diversos sectores de la sociedad. Entre las decisiones más destacadas se encuentra el retiro del proyecto de ley de negociación colectiva por rama económica, que había sido propuesto de manera apresurada por la administración anterior liderada por Gabriel Boric, pero sin el respaldo necesario. Esta medida, que podría haber beneficiado a muchos trabajadores, se suma a la posible eliminación de los feriados irrenunciables, un derecho adquirido que ha sido fundamental para la protección de los derechos laborales en el país. Por otra parte, la decisión de revisar 43 proyectos destinados a la protección de zonas ambientalmente ricas revela un claro desinterés por la conservación y el bienestar del medio ambiente en pos de intereses económicos a corto plazo.
En cuanto a la economía, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció un recorte del 3% en el gasto público para cada ministerio, justificando esta acción por la complicada situación fiscal que heredó de la administración Boric. El recorte afecta directamente a sectores clave como Salud, que ya reportó un aumento del 6% en su gasto solo en enero de 2026. Esta medida es parte de un proceso de ajuste fiscal que busca recortar hasta 5 mil millones de dólares del presupuesto, reflejando un viraje drástico en la política económica que podría poner en riesgo los servicios básicos de la población. Con este panorama, surge el cuestionamiento sobre la eficacia y las prioridades del gobierno al atacar las áreas que más impactan a la ciudadanía.
A medida que se implementa el Plan de Ajuste Fiscal, se prevé una revisión exhaustiva de los gastos en servicios públicos y un freno a nuevos programas, lo que en última instancia podría resultar en un deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos. Este enfoque austeridad se complementa con la intención de eliminar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, lo que podría provocar un aumento descontrolado de los precios de los combustibles y, por ende, una inflación generalizada, sumando presión sobre los hogares ya estresados económicamente. La posibilidad de instaurar restricciones al acceso al Crédito con Aval del Estado (CAE) también levanta alarmas entre los estudiantes, quienes ven en este un medio esencial para financiar su educación.
Pese a las medidas continuas que precedieron la llegada de Kast, es claro que su administración está centrando su agenda en fortalecer la represión de cualquier disidencia política. Esto se ha hecho evidente con la existencia de prisioneros políticos, en especial del pueblo mapuche, quienes han sido condenados por resistir a la usurpación de sus tierras y derechos. La estrategia del gobierno parece estar alineada con los intereses corporativos de ciertos sectores económicos, configurando un entorno donde la paz social se impone sobre los derechos de los grupos más vulnerables y marginados.
En este marco, la reciente declaración del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, sobre la necesidad de un screening de inversiones en Chile, reitera la presión externa que enfrenta el país en el contexto de la guerra comercial entre EE. UU. y China. Esta dinámica afecta considerablemente la soberanía económica de Chile y revela cómo las políticas internas han sido influenciadas por intereses externos. Así, el gobierno de Kast no solo hereda un legado complejo, sino que también se proyecta como un actor que continúa las prácticas de subordinación a las dinámicas del capitalismo global, marcando un rumbo que podría acentuar aún más la desigualdad social y económica en el país.