El reciente uso de la expresión «Estado en quiebra» en una publicación oficial del Gobierno de Chile ha desatado un intenso debate sobre el estado real de la economía del país. Muchas voces han señalado que etiquetar a la nación de esta manera no solo es inadecuado desde un punto de vista técnico, sino que constituye una forma de clausurar el diálogo y condicionar las decisiones políticas. Claudia Aranda, periodista de la Agencia Pressenza, enfatiza que esta terminología no informa; más bien, establece un nuevo orden de posibilidades, dejando menos margen para la discusión constructiva sobre el futuro económico del país.
A pesar de la percepción negativa que la frase «Estado en quiebra» puede generar, la realidad fiscal de Chile presenta una imagen distinta. Con niveles de deuda que se sitúan en alrededor del 40% del PIB, que están muy por debajo del promedio de la OCDE, y un fondo soberano diseñado para enfrentar crisis externas, es claro que Chile posee las herramientas necesarias para manejar los desafíos financieros. Sin embargo, a pesar de contar con estos activos, el gobierno eligió no activar su colchón fiscal frente al reciente aumento en los precios de los combustibles, lo que plantea dudas sobre la transparencia de las decisiones tomadas.
El relato oficial presenta un panorama donde la disciplina fiscal y la regla estructural se erigen como piedras angulares de una gestión responsable, pero este discurso oculta un hecho fundamental: la escasez absoluta es un constructo político, no una realidad inamovible. Al afirmar que «no hay recursos», el gobierno desvía la atención de las decisiones que se toman, denotando que el problema no es la falta de financiamiento, sino la falta de voluntad para utilizar los recursos que ya están disponibles. Esta retórica transforma lo que deberían ser elecciones políticas en inevitabilidades económicas.
La construcción del concepto de «Estado en quiebra» desplaza el debate del presente hacia el pasado, centrando la atención en la culpa de administraciones anteriores en lugar de en las opciones actuales. Este enfoque reconfigura el discurso político, haciendo que los recortes de gasto y la austeridad sean percibidos como necesarios y no como decisiones tomadas en el presente. De esta manera, se elude la responsabilidad de la gestión actual y se trasladan las consecuencias de los ajustes a la narrativa de una crisis heredada.
Finalmente, es crucial comprender que el uso de un lenguaje que implica quiebra tiene repercusiones materiales en la vida cotidiana de los ciudadanos chilenos. Cuando la narrativa oficial establece que no hay recursos, se legitima una agenda de recortes que afecta directamente a programas y servicios esenciales. Esta es una cuestión que no solo afecta a los balances macroeconómicos, sino que impacta de manera contundente en los sectores más vulnerables de la sociedad. Así, lo que comienza como un relato técnico acaba transformándose en un esfuerzo político que altera las condiciones de vida de quienes menos tienen.