El país se encuentra inmerso en una ofensiva ultraconservadora que, de manera alarmante, afecta a las capas sociales populares y de niveles socioeconómicos medios, mientras beneficia directamente a los sectores más privilegiados, en particular al 1% de la población. Esta estrategia no solo se manifiesta a través de políticas aisladas; más bien, se enmarca dentro de un contexto ideológico, político y cultural que busca perpetuar un modelo neoliberal en descomposición. Bajo el liderazgo del gobierno de José Antonio Kast, estas medidas se articulan en torno a una agenda que refuerza la dominación de los poderosos, vulnerable a la crítica social y que socava las bases de la equidad y justicia social.
Entre las acciones más contundentes del presente gobierno, se destacan la reducción de impuestos a grandes empresas y consorcios financieros, junto al fortalecimiento de leyes laborales que benefician a los empleadores en detrimento de los derechos de los trabajadores. El aumento de la represión por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en respaldo de intereses empresariales, pone de relieve una clara intención de silenciar a sectores oprimidos. Con un relato que empodera conceptos de machismo y discriminación, el discurso oficial busca resquebrajar los avances logrados en materia de derechos humanos y equidad social, haciendo eco de la narrativa dictatorial del pasado.
A la par de estas medidas perjudiciales, la administración de Kast ha implementado políticas que golpean directamente a las clases trabajadoras. El retiro del proyecto de negociación laboral ramal, la limitación de la gratuidad en la educación superior y el aumento de costos de programas de apoyo educativo son solo algunas de las decisiones que penalizan a los ciudadanos de a pie. Cada paso dado parece enfocado en quitar derechos fundamentados de larga data, forzando a miles de familias a cargar con deudas destinadas a enriquecer a bancos privados bajo el esquema del Crédito con Aval del Estado (CAE). La reducción de presupuestos para ministerios que manejan programas sociales revela una omisión alarmante de las necesidades básicas de la población.
La estrategia del gobierno y de sus aliados no solo se limita a medidas políticas y económicas, sino que busca levantar barreras contra cualquier tipo de transformación progresista en el tejido social. La institucionalidad actual, respaldada por los aparatos ideológicos que sostienen a las fuerzas conservadoras, busca generar un entorno hostil para quienes abogan por un futuro más inclusivo y equitativo. Esta polarización está fomentando una resistencia en la ciudadanía, a medida que se evidencia quiénes son los verdaderos beneficiarios de estos cambios, abriendo una brecha aún mayor entre las distintas clases sociales.
Al observar el panorama, es evidente que esta ofensiva representa mucho más que un simple cambio de gobierno; es el fortalecimiento de un sector dominante que busca perpetuar su poder a través de una ideología profundamente arraigada. De esta manera, se hace indispensable que la sociedad civil despierte ante el embate de políticas que buscan silenciar a los adversarios del poder, y que, en última instancia, predican un modelo económico que favorece únicamente a los más ricos, en detrimento de las necesidades del resto de la población. Así, la lucha se torna no solo necesaria, sino urgente, para garantizar un futuro más justo y equitativo para todos.