La reciente presentación del proyecto de Registro Único de Vándalos e Incivilidades por parte del Presidente José Antonio Kast ha desatado un intenso debate en la sociedad chilena. En su campaña presidencial, Kast había prometido un fuerte enfoque en la seguridad, con una estrategia contundente para enfrentar el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, los legisladores y abogados critican que su gobierno ha priorizado la criminalización de actos de vandalismo, como graffiti y consumo de alcohol en la vía pública, mientras deja en la sombra las medidas para combatir el verdadero problema de la inseguridad en el país. Esta discrepancia entre las promesas de campaña y las acciones actuales genera preocupación entre los ciudadanos que esperaban un enfoque más serio y directo frente a la delincuencia organizada.
El proyecto del Registro Único establece que aquellos que sean sorprendidos cometiendo infracciones mínimas perderán beneficios sociales cruciales, como el acceso a la educación gratuita y subsidios de vivienda. Esta medida ha sido interpretada por algunos como una acción con tintes clasistas, que afectará principalmente a sectores vulnerables, mientras que los delitos cometidos por grupos más privilegiados parecen quedar fuera del radar de las autoridades. Las críticas apuntan a que este enfoque selectivo no solo es injusto, sino que también podría resultar ineficaz para resolver problemas de mayor envergadura, como el narcotráfico y la violencia que afecta a muchas comunidades en Chile.
Además de las preocupaciones sobre el carácter clasista de la medida, existe una interrogante sobre la capacidad de las fuerzas policiales para implementar esta nueva estrategia. Con un número limitado de efectivos de Carabineros y diversas controversias sobre su accionar, es difícil imaginar que se puedan realizar operativos eficaces en las 346 comunas del país, persiguiendo a quienes realicen actos de vandalismo. La propuesta implica cargar a los equipos de Seguridad Ciudadana con tareas que podrían exceder su competencia y capacidades, lo que podría resultar en confusión y descoordinación en el accionar estatal.
La necesidad de un plan de seguridad robusto que aborde las preocupaciones relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado es más urgente que nunca. Sin embargo, el Gobierno parece estar desvíando la atención pública hacia lo que algunos consideran cuestiones menores. Al centrarse en acciones contra el vandalismo en lugar de ofrecer soluciones concretas para combatir delitos graves, Kast está, de hecho, posponiendo las respuestas necesarias para enfrentar la inseguridad que inquieta a la ciudadanía. La falta de claridad sobre las medidas concretas que se implementarán para mejorar la seguridad genera un clima de incertidumbre y desconfianza entre los ciudadanos.
En conclusión, el hecho de que el presidente Kast priorice el Registro Único de Vándalos sobre su prometido Plan de Seguridad plantea serias dudas sobre el rumbo de su administración. Los ciudadanos, tras el repaso de sus promesas de campaña, se sienten defraudados y cuestionan la efectividad de estas nuevas iniciativas. Legisladores y abogados insisten en que las prioridades deben cambiar y que las acciones deben enfocarse en desmantelar las redes de narcotráfico y crimen organizado, en lugar de cazar a aquellos que dañan propiedades con grafitis. Este desbalance entre las expectativas y la realidad política puede tener repercusiones en la confianza ciudadana hacia un gobierno que ya comenzó a titubear en su ejecución de políticas públicas.