El reciente análisis sobre el Centro de Estudios Públicos (CEP) de Chile, hecho por el arquitecto y sociólogo Daniel Jadue, revela una clara preocupación por la influencia que esta institución tiene en la formación de la opinión pública en el país. Fundado en una época sombría marcada por la dictadura de Pinochet, el CEP surgió en 1980 con el propósito de dar legitimidad intelectual a un modelo económico impuesto a la fuerza. Con vínculos estrechos a economistas de la Universidad de Chicago y un financiamiento asegurado por algunos de los más poderosos grupos empresariales de Chile, la estructura del CEP ha enfatizado la perpetuación de intereses particulares en el ámbito político y social, entendiendo su función como la de establecer un marco consensuado que guía las percepciones y creencias de la población.

La más reciente Encuesta N°96 del CEP ha sido objeto de críticas por sus resultados y las omisiones en las preguntas planteadas. Entre los hallazgos, es alarmante constatar que un 67% de los encuestados asocia la inmigración con el aumento de la criminalidad sin ofrecer un contexto que analice los datos concretos sobre delitos imputados. Igualmente, el informe se ha limitado a evaluar la opinión ciudadana sobre cómo enfrentar el gasto público, obviando cuestiones críticas como la desigualdad económica en el país y el fracaso del sistema de pensiones. Esta omisión deliberada no solo busca desviar la atención de problemáticas relevantes, sino que alinea las percepciones colectivas con los intereses de los grupos que financian esta investigación.

El método de formulación de las preguntas en esta encuesta ha sido considerado sesgado, incluso desde el mismo momento de su diseño. Jingando en un ejercicio retórico, el CEP presenta opciones que limitan el espectro de respuesta, como el dilema entre reducir el gasto estatal o aumentar impuestos, dejando afuera alternativas que podrían fortalecer la recaudación fiscal por medio de impuestos a empresas y a quienes más tienen. Así, mientras la población se expresa a través de respuestas diseñadas para producir respuestas favorables a un discurso político específico, se encuentran excluidas líneas de investigación que podrían haber llevado a respuestas más indicativas de la realidad chilena.

Este fenómeno de construcción de la opinión pública se extiende más allá de las preguntas omitidas, ya que el CEP realiza una especie de ingeniería social que crea un ‘ciudadano’ que acepta la voz del poder. Para este ‘ciudadano’, los problemas son los comportamientos de protesta o las demandas sociales, mientras que las irregularidades y prácticas abusivas de poderes económicos quedan sin cuestionamiento. El dispositivo de la encuesta permite legitimar una agenda que prioriza el control social sobre la justicia social, escudándose en un discurso de orden y seguridad que apela a miedos arraigados en la población.

El desafío que enfrenta la izquierda, tal como señala Jadue, no es despreciar la Encuesta CEP, sino entender que detrás de la aparente objetividad de sus resultados hay un entramado de intereses económicos que busca moldear un sentido común que les favorezca. La clave está en cuestionar constantemente qué realidades han sido excluidas de la conversación y revisar cuáles preguntas nunca fueron consideradas. Esto no solo es esencial para comprender la situación actual chilena, sino también para proponer alternativas que verdaderamente respondan a las necesidades de la mayoría y que evidencien la realidad que el CEP ha optado por omitir. La tarea es inmensa, pero entender el contexto de las encuestas es esencial para construir una sociedad más justa e igualitaria.