La reciente decisión de la Contraloría General de la República de Chile de ratificar la sanción económica a los profesores que se movilizaron, a pesar de que muchos recuperaron sus clases, ha generado un fuerte rechazo en el sector educativo. Este acto, presentado bajo el disfraz de neutralidad administrativa, revela, en realidad, un trasfondo político que busca desincentivar la acción colectiva de los docentes. La justificación de “no pagar por lo que no se trabaja” es una narrativa que ignora las circunstancias que llevaron a los educadores a ejercer su derecho a huelga, un derecho que aún mantiene relevancia en la lucha por mejores condiciones laborales.
Los profesores no optaron por la huelga sin motivo, sino como respuesta a la devastadora situación de la educación pública en Chile. Condiciones laborales indignas, aulas sobrepobladas, reformas vacías y salarios estancados han llevado a los docentes a organizarse en un esfuerzo por reivindicar sus derechos. Sin embargo, la respuesta del Estado, en vez de abrir un diálogo constructivo, evidencia su papel como guardián de los intereses del capital, tratando a los trabajadores que interrumpen la producción como subversivos y castigándolos con descuentos salariales.
La violencia simbólica que se ejerce sobre los profesores es una forma de presión para mantener la sumisión en el ámbito laboral y educativo. Históricamente, el derecho a huelga ha estado plasmado tanto en la Constitución de Chile como en convenios internacionales. Sin embargo, en la práctica, este derecho es socavado cada vez que afecta las ganancias de las empresas o el orden establecido. La clave para entender esta dinámica es reconocer que la legalidad es utilizada como una herramienta de control social, donde los que se movilizan se enfrentan a la criminalización de su accionar público.
La movilización de los docentes va más allá de un simple conflicto laboral; constituye una lección sobre la dignidad y el poder de la organización colectiva. Al ejercer su derecho a huelga, los educadores no solo luchan por mejores condiciones laborales, sino que también envían un mensaje claro a sus estudiantes: el trabajo debe ser visto como un acto de resistencia y dignidad, no como una mera sumisión. Esto desafía la lógica del sistema educativo chileno, que ha sido diseñado para moldear a los estudiantes en obedientes, en lugar de como agentes de cambio.
La reacción del Estado ante la huelga de los profesores subraya la necesidad de solidaridad activa y la reconstrucción del poder sindical y comunitario. El castigo que enfrentan los educadores por su lucha es un recordatorio de que el derecho a huelga no está asegurado, sino que debe ser defendido con determinación. Si bien hoy son los docentes quienes enfrentan represalias, el riesgo se extiende a otros sectores, desde trabajadores portuarios hasta estudiantes en conflicto, mostrando que la lucha por la justicia social es responsabilidad de todos. La verdadera amenaza para el sistema no es la falta de trabajo, sino la decisión de luchar por un futuro mejor.