La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por la facción oficialista del partido Nuevas Ideas, llevó a cabo, el pasado 31 de julio, la aprobación de una reforma constitucional que abre la puerta para la reelección presidencial indefinida y extiende el mandato presidencial de cinco a seis años. Esta reforma, que cuenta con el respaldo de 57 votos a favor y solo 3 en contra, ha desencadenado un intenso debate en el país sobre su impacto en la democracia y la gobernanza. La diputada Ana Figueroa fue la principal impulsora de esta iniciativa, que modifica cinco artículos fundamentales de la Constitución, especialmente el artículo 80, que anteriormente prohibía la reelección inmediata. La aprobación de esta reforma ha sido vista por muchos como un intento del presidente Nayib Bukele de consolidar su poder político.

Entre los cambios propuestos en la reforma se encuentra la eliminación de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y la reducción del periodo del actual mandato presidencial, que finalizaría en 2029, a 2027. La lógica detrás de esta modificación, según sus defensores, es sincronizar los tiempos electorales, con el objetivo de reducir los costos y la duración de las campañas electorales. Sin embargo, esta justificación ha encontrado resistencia por parte de la oposición, que argumenta que el verdadero objetivo es perpetuar el poder de Bukele y su partido. Muchos críticos sostienen que la reelección indefinida, acompañada de la ampliación del periodo presidencial, es un claro ataque a los pilares democráticos en el país.

El presidente Nayib Bukele ha experimentado un notable apoyo popular, en gran parte gracias a su enfoque agresivo contra las pandillas y a las reformas de seguridad. Sin embargo, su reelección en un contexto de prohibiciones constitucionales ha llevado a cuestionamientos sobre la integridad del sistema jurídico salvadoreño. A pesar de que en febrero de 2024 Bukele afirmó no ver necesaria una reforma constitucional que permitiera la reelección indefinida, el eventual apoyo de la Asamblea Legislativa ha cambiado radicalmente el panorama político. Bukele ha sido acusado de manipular las instituciones judiciales para acomodar sus deseos políticos, lo que ha generado un clima de desconfianza hacia el gobierno.

Las reacciones a la aprobación de la reforma han sido polarizadas. La diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), ha calificado la acción como una «confesión pública de matar la democracia disfrazada de legalidad» y ha instado a la ciudadanía a no romanticizar el autoritarismo. Por su parte, Claudia Ortiz del partido VAMOS, ha criticado abiertamente la narrativa oficial de que esta reforma devuelve el poder al pueblo, afirmando que lo que realmente se busca es perpetuar el control político de Nuevas Ideas. Esta oposición ha enfatizado la necesidad de defender la Constitución y los principios democráticos en un momento crítico para la política salvadoreña.

La imagen de Bukele como un presidente popular enfrenta ahora la prueba del tiempo, mientras se concreta su segundo mandato a partir del 1 de junio de 2024, pese a las limitaciones constitucionales. A medida que El Salvador navega por estas aguas turbulentas, las tensiones entre el oficialismo y la oposición continúan en aumento. Muchos ciudadanos temen que, en su búsqueda por consolidar el poder, Bukele y su partido destruyan las bases democráticas del país. La inquietud sobre el futuro de la democracia en El Salvador es palpable, y con cada decisión legislativa, la posibilidad de un retroceso a tiempos autoritarios se vuelve más real.