
En un mundo donde la identidad y el reconocimiento son fundamentales para la existencia de cualquier comunidad, hay un pueblo en Ecuador que vive en la sombra de la invisibilidad. Sin cédula de identidad ni registros oficiales que atestigüen su existencia, sus habitantes enfrentan una dura realidad: son excluidos de derechos básicos, incluyendo la educación y la atención sanitaria. Este escenario, denunciado por el profesor Arnoldo Macker Aburto en su participación en el Primer Encuentro Internacional de Estudiantes de Doctorado en Ciencias de la Educación, revela la falta de políticas efectivas que visibilicen a estas comunidades y garanticen sus derechos fundamentales. La necesidad de un registro que acredite su existencia se convierte en un clamor por justicia y dignidad.
Durante este encuentro, que tuvo lugar en Buenos Aires, se presentaron historias inspiradoras de académicos y docentes de diversas naciones latinoamericanas, destacando la labor de las educadoras ecuatorianas Wendy Carrasco Polanco y Andrea Crespo Angulo. Ambas docentes trabajan incansablemente para llevar apoyo educativo a las islas alrededor del Golfo de Guayaquil, donde la pobreza y la exclusión son parte del día a día. Su esfuerzo es fundamental en un contexto donde el acceso a la educación y a los servicios básicos es casi una utopía. Este tipo de vocación educativa resalta la imperiosa necesidad de que las autoridades estatales entiendan que la educación es un derecho humano que debe ser garantizado a todos, sin excepción.
La relación entre la presencia del Estado y el acceso a la educación es evidente, especialmente en un contexto latinoamericano donde el déficit educativo no solo afecta la infraestructura, sino también la identidad y el futuro de generaciones enteras. Macker Aburto advertía que en países como Chile y Argentina, la educación enfrenta recortes presupuestarios que priorizan la austeridad sobre el desarrollo social. Las decisiones que hoy pueden parecer administrativamente eficaces, pronto revelarán su impacto negativo: menos recursos para estudiantes vulnerables, así como un deterioro en la calidad educativa, que afectará a las comunidades durante años venideros.
A lo largo de la historia, queda claro que aquellos países que han logrado un alto desarrollo económico y social lo han hecho mediante un fuerte compromiso con la educación pública. Los discursos que tienden a considerar la educación como un gasto que puede ser recortado se olvidan de las dolorosas repercusiones que tales decisiones pueden acarrear a largo plazo. Macker enfatiza que una visión centrada en los costos inmediatos de la educación ignora su papel fundamental en la construcción de ciudadanía y en la lucha contra las desigualdades sociales.
Finalmente, la experiencia compartida en el encuentro internacional evidencia que la educación no solo es un medio para adquirir conocimientos, sino un pilar que sostiene la democracia y la cohesión social. La verdadera transformación de una sociedad comienza cuando se reconoce la importancia de invertir en educación pública de calidad. Mientras más se pospongan estas inversiones, más se perpetuarán las brechas educativas y sociales. Por ello, como ciudadanos y responsables de la construcción del futuro, debemos cuestionar no solo cuánto cuesta educar, sino, fundamentalmente, cuánto nos costará no hacerlo. Las decisiones que se tomen hoy determinarán las oportunidades de millones de niños y jóvenes en el mañana.
