La reciente ola de violencia y odio en Chile se ha visto ejemplificada en el trágico asesinato de Yaidy Garnica Carvajalino, una madre venezolana de 43 años, ocurrido durante una celebración familiar. Este suceso, que dejó a sus hijas traumatizadas y desoladas, desvela una realidad oscura en la sociedad chilena, donde el clima de hostilidad hacia los inmigrantes ha sido exacerbado por la retórica política y los medios de comunicación. En lugar de abordar las raíces de la violencia, como el descontento social y la crisis política, se ha desviado la atención hacia las comunidades migrantes, convirtiéndolas en chivos expiatorios de una rabia acumulada contra un sistema que ha fracasado en satisfacer las necesidades de su población.

A medida que Chile enfrenta una profunda crisis política, donde la deslegitimación de las autoridades se hace palpable, el ascenso del populismo de derecha ha canalizado el agobio social hacia la migración. El nuevo gobierno, surgido en medio de un contexto polarizado, ha apelado a discursos que demonizan a los inmigrantes, mientras ignora las grandes desigualdades que han perdurado desde el retorno a la democracia. Esta estrategia recuerda a los métodos de gobiernos autoritarios de la historia, que utilizaron a grupos minoritarios como chivos expiatorios para ocultar su ineptitud y desviar la atención de los problemas estructurales.

El fenómeno del crecimiento de la población trabajadora en Chile ha sido influenciado por la llegada de inmigrantes de distintos países latinoamericanos. Sin embargo, las estadísticas demuestran que estos nuevos chilenos, muchas veces invisibilizados y estigmatizados, han sido esenciales para el crecimiento económico reciente. Con casi dos millones de inmigrantes aportando al sistema laboral, su contribución ha sido fundamental para el desarrollo del país, desafiando la narrativa populista que presenta a la migración como una amenaza. Este aporte, en medio de una economía que se resiente por las desigualdades, debería ser reconocido y celebrado en lugar de ser penalizado.

La polarización que se observa actualmente en la política chilena no solo afecta a los inmigrantes, sino que refleja un sistema que no ha logrado reconciliarse con su por pasado y que constantemente repite errores históricos. El llamado a enfrentar la «canalla» que busca dividir a la sociedad y culpar a los más vulnerables es cada vez más urgente. Las fuerzas democráticas y progresistas deben tomar la iniciativa de organizar a sus bases y construir un programa claro que no solo proteja a los inmigrantes, sino que además aborde las demandas del pueblo chileno inherentes a la justicia social y al derecho a la dignidad.

Los recientes acontecimientos en Chile demandan una respuesta firme contra el discurso de odio que amenaza con desestabilizar aún más la ya frágil cohesión social. La construcción de un nuevo camino político debe basarse en la inclusión y en el reconocimiento del valor de todas las personas, independientemente de su origen. De esta manera, no solo se protege a la comunidad inmigrante, sino que se redefine un futuro en el que todos los chilenos, inmigrantes y nativos por igual, puedan contribuir al desarrollo de la nación, en lugar de ser empujados a la marginación y el conflicto. La tarea es monumental, pero la historia ha demostrado que la unión de los pueblos frente a la adversidad es la clave para construir sociedades más justas.