En un análisis crítico del nuevo proyecto de ley presentado por el Presidente José Antonio Kast, titulado “de Reconstrucción Nacional”, el destacado arquitecto y sociólogo Daniel Jadue pone bajo la lupa las implicaciones de la propuesta, que en su opinión, oculta un trasfondo tributario que beneficia al capital en lugar de atender las necesidades urgentes del país. Al revisar el contenido del proyecto, Jadue enfatiza que la tónica de la ‘reconstrucción’ parece ser un eufemismo para aplicar medidas que han demostrado ser perjudiciales, tales como la reducción de impuestos a las empresas y la eliminación de gravámenes sobre las ganancias de capital, en un contexto que ya ha sido históricamente negativo para la clase trabajadora. Según él, la urgencia del lenguaje utilizado pretende desviar la atención de un modelo económico que perpetúa la concentración de la riqueza y el empobrecimiento de la mayoría.
Jadue señala que el proyecto incluye medidas aparentemente necesarias, como la extensión del fondo de emergencia para damnificados por incendios y la exención fiscal para adultos mayores en su primera vivienda. Sin embargo, argumenta que estas son meros adornos para un conjunto de políticas que, en última instancia, favorecen a los grandes inversores en detrimento de derechos sociales fundamentales. La rebaja del Impuesto de Primera Categoría y la invariabilidad tributaria propuesta para los grandes capitales son parte de un sistema que, a su juicio, no se puede evaluar de forma aislada sino en conjunto, pues refuerza un entorno legislativo que limita la capacidad del Estado para implementar cambios estructurales que beneficien a la mayoría.
En cuanto a la amnistía tributaria propuesta mediante la declaración de capitales en el exterior y la modificación de impuestos sustitutivos, Jadue destaca que son incentivos que envían un mensaje claro a los evasores: la impunidad es viable. Con unos números que rondan miles de millones de dólares en capitales evadidos, sugiere que no se trata de pequeños contribuyentes, sino de grandes fortunas que, a través de estas amnistías, continúan perpetuando un ciclo de privilegio. El sociólogo critica un modelo que, en lugar de cerrar brechas, las reabre, permitiendo a los más ricos regularizar su situación a un costo muy inferior al que deberían afrontar, lo que perpetúa la idea de que la evasión tributaria no tiene consecuencias reales.
Respecto a la propuesta del gobierno para ‘dinamizar’ el mercado de la vivienda, Jadue enfatiza que el problema no es la falta de demanda, sino los precios inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos. Al eximir de IVA a la venta de viviendas nuevas, el mensaje implícito es que se busca favorecer a desarrolladores inmobiliarios, al tiempo que se ignoran soluciones de fondo como la construcción de vivienda pública accesible. Esto revela una desconexión entre las prioridades del proyecto y las verdaderas necesidades de la población, que clama por soluciones habitacionales más que por subsidies que faciliten la especulación del mercado.
Finalmente, el análisis de Jadue concluye que el proyecto refuerza una lógica de ajuste que recaerá sobre los mismos: los trabajadores. La supresión de la gratuidad universitaria y la eliminación de la franquicia del SENCE evidencian un enfoque que, lejos de cumplir con el deber del Estado de apoyar al trabajador, busca ahorrar costos a expensas de derechos fundamentales. Con ello, señala, el gobierno está construyendo un relato que justifica recortes en lo social bajo la premisa de sostenibilidad fiscal, cuando en realidad, los problemas estructurales de recaudación se agravan por las políticas que favorecen al gran capital. En definitiva, lo que se requiere es una verdadera reconstrucción, una que invierta en derechos sociales y en una fiscalidad justa que proteja a los ciudadanos en lugar de perpetuar una distribución desigual.