El reciente discurso que sostiene que «sin crecimiento no hay derechos» ha resonado fuertemente en los círculos políticos y económicos de Chile, y revela una visión que subordina el bienestar social a la rentabilidad empresarial. Esta afirmación implica que los derechos básicos y fundamentales pueden esperar mientras se prioriza la acumulación de capital. En este sentido, las editoriales de medios influyentes como El Mercurio y La Tercera han respaldado la idea de que la única vía para salir de la actual crisis es a través del crecimiento y la certeza para el mercado. Sin embargo, lo que se observa en la práctica es un fenómeno más complejo y preocupante que traslada el costo de la crisis al mundo del trabajo y a las clases populares.
La crisis económica ha desatado un ajuste regresivo que, bajo el disfraz de medidas fragmentadas y técnicas, revela un cambio profundo en la concepción del rol del Estado y del sistema de protección social. Las decisiones políticas actuales han llevado a recortes en programas sociales, debilitando la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. Mientras ciertas élites desean hablar de estabilidad macroeconómica, ignoran la incertidumbre cotidiana que viven millones de familias chilenas. Este desajuste entre el discurso oficial y la realidad cotidiana es alarmante, dado que las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía están siendo sistemáticamente despojadas del centro del debate público.
A medida que se implementan políticas que favorecen a los sectores más concentrados de la economía, el descontento social se intensifica. Sin embargo, este malestar, aunque evidente, permanece en gran medida difuso y desorganizado. Hay una necesidad urgente de canalizar esta insatisfacción y convertirla en una fuerza organizada que exija una distribución más equitativa de los recursos y derechos en el país. Es vital que los movimientos sociales logren articular una voz clara que hable de los problemas concretos que afectan a la población, desde el costo de la vida hasta la educación y la salud.
Además, es crucial reconocer que el debate público no es neutro. Las editoriales y discursos mediáticos no solo informan, sino que establecen marcos de discusión y delimitan lo que se considera posible. Este control sobre la narrativa del crecimiento y la rentabilidad debe ser desafiado si se desea construir una respuesta efectiva a la crisis. Disputar este sentido común es parte esencial de la lucha actual, ya que la percepción de que el ajuste es la única alternativa se convierte en un obstáculo para la construcción de un futuro más justo e igualitario.
Finalmente, para transformar este descontento en acción, es necesario establecer una coordinación política sólida que integre esfuerzos comunitarios y aborde las inquietudes de la ciudadanía de manera directa. Esto supone no solo visibilizar los efectos del ajuste en la vida cotidiana, sino también ofrecer alternativas concretas que muestren que hay otros caminos posibles. La tarea, aunque compleja, es fundamental: se trata de articular una respuesta que una a las mayorías reales, que convierta el malestar disperso en una fuerza organizada capaz de plantear una nueva agenda de derechos en Chile. Sin esta movilización, el riesgo es que los derechos se sigan postergando indefinidamente en favor de un crecimiento económico que no reparte sus beneficios.