Las nuevas sanciones impuestas por Washington han centrado su atención en ciudadanos y empresas mexicanas que, supuestamente, han estado colaborando con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para convertir combustibles robados en efectivo. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se calcula que esta red opera con un cúmulo de actividades complejas que incluyen la compra de combustibles en territorio estadounidense, su transporte ilegal a México mediante documentación falsa y la creación de empresas fachada. Este modelo de negocio, que genera ‘decenas de millones de dólares anuales’ para el cartel, revela no solo la criminalidad del CJNG, sino también un escenario donde la economía ilícita se entrelaza con prácticas corporativas y burocráticas reales, pasando desapercibida para las autoridades hasta que la magnitud del daño se hace evidente.
La percepción pública que se tiene sobre el crimen organizado en México ha estado marcada durante años por imágenes de violencia extrema asociadas al tráfico de drogas. Sin embargo, las nuevas sanciones de Estados Unidos ponen de manifiesto un fenómeno más insidioso y moderno: el CJNG actúa como una empresa multinacional, operando a través de canales que incluyen la corrupción en la estatal Pemex y la manipulación del comercio internacional. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha indicado que estas sanciones son un indicativo del alcance del CJNG en la economía criminal, que va mucho más allá de las drogas. Este enfoque adaptativo del cartel, que le permite diversificarse y enrutar ingresos a través de actividades aparentemente legítimas, plantea un desafío complicado para las autoridades de ambos países.
El auje del llamado ‘huachicol’, el robo de combustible, se ha convertido en un pilar de la economía en algunas regiones de México, donde la falta de oportunidades legales empuja a los habitantes a recurrir a este delito como medio de subsistencia. El robo de combustible, muchas veces realizado con la complicidad de trabajadores de Pemex, revela cómo el CJNG no es un ente separado del Estado, sino que se alimenta de él. Las sanciones que miran a figuras como Óscar Guillermo Juraidini Silva, implicado en la creación de empresas fantasmas y falsificaciones de documentos, generan un entendimiento claro: el crimen organizado en México se ha integrado a los procesos económicos formales, desdibujando la línea entre legalidad e ilegalidad.
La designación del CJNG como organización terrorista por parte de Estados Unidos en febrero de 2025 ha intensificado las respuestas legales, ofreciendo a las autoridades más herramientas para actuar contra el cartel. Sin embargo, esta categorización trae consigo un eco de preocupación en América Latina sobre la eventual intervención extranjera y el impacto de una política de seguridad que podría sobrepasar los límites. El costo de estas acciones se siente a ambos lados de la frontera, y el temor es que, al presentar una narrativa que privilegia la intervención y el castigo, se ignore la complejidad de las causas profundas que alimentan el crecimiento del CJNG y su capacidad para operar con impunidad.
Para enfrentar la amenaza del CJNG, es crucial que tanto México como Estados Unidos aborden el asunto desde una perspectiva holística, reconociendo que el cartel no solo se nutre del tráfico de sustancias ilegales, sino que ha encontrado espacios donde la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades se entrelazan con un entramado económico altamente sofisticado. La capacidad del cartel de operar eficientemente dentro de los límites legales puede ser tan peligrosa como sus actos de violencia. Las nuevas sanciones son un paso positivo, pero solo abordando las raíces del problema -la pobreza, la corrupción institucional y la demanda de energía- se podrá tener un impacto real y duradero en la economía huachicol.