Estados Unidos ha ampliado su régimen de sanciones contra Cuba, incluyendo a nueve entidades estatales y tres funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), según anunció el jueves el secretario de Estado, Marco Rubio. Esta nueva medida es parte de la estrategia de la Administración de Donald Trump para incrementar la presión sobre el régimen cubano, a quien Rubio acusa de utilizar estructuras para extender su influencia en los Estados Unidos. “El régimen cubano ha pasado décadas utilizando grupos pantalla para infiltrarse entre los estadounidenses, corromperlos y radicalizarlos”, escribió Rubio en la plataforma X, justificando así las recientes designaciones del Departamento de Estado.
Las sanciones afectan no solo al ICAP, sino también a varios sectores estratégicos de la economía cubana, incluyendo el Ministerio de la Construcción y empresas estatales dedicadas a la minería, comercio exterior y metalurgia. Entre las entidades designadas se encuentran la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, Metalcuba y el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal). Estas medidas buscan desmantelar las estructuras que, según Washington, sostienen y financian el aparato represivo del régimen, llevando a la comunidad internacional a reconsiderar sus relaciones con estas entidades.
Los tres altos funcionarios del ICAP que han sido sancionados son Fernando González Llort, Noemí Rabaza Fernández y Leima Martínez Freire. González Llort es conocido por haber sido parte de la Red Avispa, condenada en Estados Unidos por conspiración. El Departamento de Estado ha subrayado que cualquiera que apoye o realice negocios con los sancionados enfrentará consecuencias. Rubio advirtió que los bancos y compañías extranjeras deben tomar medidas urgentes para cortar cualquier vínculo con estas entidades designadas, con la advertencia de que la omisión podría llevar a sanciones contra ellos también.
Las nuevas sanciones son parte de una estrategia más amplia enfocada en el Gobierno cubano encabezado por Miguel Díaz-Canel, y forman parte de un conjunto de medidas que ya incluyen otras sanciones previamente impuestas, así como restricciones severas sobre el suministro de crudo a la isla. La Administración Trump ha sido constante en su enfoque punitivo, afirmando que no se permitirá a Cuba ninguna “válvula de escape” mientras persista lo que consideran una falta de reformas democráticas en la isla. Además, el Secretario de Estado dejó claro que la presión sobre Cuba continuará hasta que haya cambios significativos en la política cubana.
Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha respondido a esta presión externa afirmando que Cuba no teme a la guerra declarada por Estados Unidos. En el contexto de estas sanciones y la creciente tensión entre ambos países, el régimen cubano continúa defendiendo su sistema y buscando maneras de resistir la influencia y las restricciones impuestas desde Washington. Esta situación plantea un escenario complicado para las relaciones cubano-estadounidenses, especialmente con el trasfondo de las sanciones económicas que, según La Habana, afectan no solo al gobierno, sino también al pueblo cubano.