La reciente encuesta Plaza Pública de Cadem ha revelado un preocupante aumento en la percepción negativa sobre el Poder Judicial y sus instituciones más relevantes en Chile. Según el informe, un 75% de los encuestados tiene una visión desfavorable del sistema judicial, un incremento de nueve puntos porcentuales en comparación con el año 2024. Estos resultados han generado alarmas sobre la confianza que los ciudadanos depositan en uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, evidenciando un deterioro significativo en la opinión pública hacia la justicia.
Los resultados de la encuesta desglosan una serie de preocupaciones específicas sobre la operatividad del sistema judicial. En particular, un 82% de los consultados considera que la justicia no garantiza la igualdad ante la ley, acompañado de un 83% que manifiesta desconfianza hacia el Poder Judicial. Además, un 81% de los encuestados no ve al sistema como imparcial y un 79% expresa una opinión negativa sobre la claridad y transparencia de sus procedimientos. Estas cifras sugieren una crisis de legitimidad que podría afectar el funcionamiento del Estado.
A nivel de los principales tribunales, la situación no es distinta. La Corte Suprema presenta una evaluación negativa con solo un 23% de opiniones positivas, experimentando una caída de 14 puntos en comparación con mediciones anteriores. De manera similar, la Corte de Apelaciones obtuvo un 22%, con un descenso de 18 puntos. Este panorama refleja un descontento generalizado en la población que también se traduce en la búsqueda de responsables sobre la mala percepción del sistema, enfocándose en los jueces como principales culpables.
En cuanto a las percepciones de responsabilidad, el 67% de los encuestados señala a los jueces como los principales responsables de que el sistema no funcione adecuadamente. Las leyes, junto con la Fiscalía y los fiscales, ocupan el siguiente lugar con un 39% de menciones. Este contexto denota una creciente frustración hacia los operadores de justicia y un cuestionamiento sobre la eficacia de los mecanismos normativos y de enjuiciamiento. Sorprendentemente, el Gobierno también fue mencionado por un 31% de los ciudadanos, lo que indica que la crítica no se limita únicamente a la justicia.
Además de la situación del Poder Judicial, la encuesta también abordó la percepción sobre el `Plan Cancerbero`, destinado a reformar el sistema penitenciario. Un 51% de los encuestados lo considera un «espectáculo comunicacional», mientras que solo un 45% opina que representa un cambio real. En el ámbito político, el presidente José Antonio Kast cuenta con un 38% de aprobación, un ligero aumento en comparación con mediciones previas pero que aún deja en evidencia un fuerte desapego por parte del 59% de la población que desaprueba su gestión. Estos datos reflejan un escenario complejo donde la desconfianza hacia varias instituciones se vuelve cada vez más palpable.