Las instituciones del Estado y los funcionarios públicos tienen la responsabilidad ineludible de garantizar la implementación efectiva de políticas públicas que favorezcan el bienestar de la población. En el contexto actual, se ha evidenciado una crisis de confianza entre las ciudadanas y ciudadanos chileno ante los recientes informes de abusos por parte de funcionarios que, estando con licencia médica, realizaron viajes al extranjero. Esta situación no solo es indignante por la falta de ética, sino que también genera un perjuicio a la percepción del papel del Estado en la vida de las personas, que depende de servicios fundamentales como salud, educación, y seguridad.
El escándalo que involucra a miles de funcionarios inapropiadamente usufructuando de licencias médicas ha suscitado la creación de una Comisión de Ausentismo y ha convocado a la Contraloría General de la República a investigar y sancionar a los responsables. Las medidas anunciadas son una respuesta necesaria ante un comportamiento que no puede ser tolerado. Desde distintas instancias, se enfatiza la necesidad de que aquellos que cometan actos de fraude sean destituidos, marcando un ejemplo claro de que el abuso y la irresponsabilidad no tienen cabida en un Estado que debe ser un referente de servicio y transparencia ante su ciudadanía.
El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez, ha señalado con claridad que el Estado no es una empresa y debe estar al servicio de la ciudadanía. Esto subraya la importancia de que las instituciones estatales actúen con la mayor probidad y honradez posible, ya que cualquier falta de ética por parte de servidores públicos no solo empaña la imagen de sus organizaciones, sino que atenta directamente contra los derechos de la gente. En este sentido, la exigencia de un estándar alto de integridad es no solo legítima, sino esencial para restablecer la confianza en lo público.
En un escenario donde ha surgido información sobre irregularidades, tales como el cobro excesivo de horas extraordinarias en diversas entidades gubernamentales, es imperativo que las instituciones del Estado no solo respondan con sanciones, sino que también implementen prácticas más robustas de fiscalización y control interno. La ciudadanía merece respuestas concretas ante estos actos de corrupción y mala gestión. Un Estado al servicio de la población debe operar con eficacia, lo que incluye depurar a aquellos que dañan su funcionamiento mediante prácticas abusivas que socavan el desarrollo social y económico del país.
Finalmente, ante el clamor de diversos sectores políticos que buscan disminuir el tamaño del Estado argumentando ineficiencia, se hace vital recordar que la solución no es reducir la capacidad institucional, sino fortalecerla. El compromiso ha de ser hacia la creación de un entorno donde la función pública se ejerza con responsabilidad, honestidad y entrega al servicio. Defender y potenciar el trabajo del Estado es, en última instancia, defender los derechos laborales y sociales de quienes se dedican a tareas que impactan positivamente en la vida de todas y todos los chilenos. Hacia un futuro de desarrollo y bienestar, es esencial cultivar una cultura de probidad que erradique a los corruptos, protegiendo así el valor del servicio público.