En respuesta a un shock externo significativo en los precios de los combustibles, el gobierno de Kast ha implementado un conjunto de medidas económicas que se inscriben dentro de una agenda neoliberal orientada a fortalecer la inversión privada y consolidar las cuentas fiscales. Estas políticas, aunque justificadas por la necesidad de adaptación a las condiciones internacionales, han generado inquietudes sobre su impacto en la economía nacional, que ya experimenta un crecimiento moderado de aproximadamente el 2,5 %. Desde una perspectiva de economía política, el conjunto de medidas plantea una combinación de transferencia de costos a los consumidores, un enfoque focalizado del gasto público y una reducción de impuestos a las empresas, lo que, en conjunto, podría configurar un entorno económico más frágil y contractivo.

El mecanismo central del proyecto de ley de combustibles se basa en el ajuste expedito del MEPCO, que permite la transferencia de los aumentos de precios internacionales a los consumidores internos. Esto se ha traducido en incrementos significativos en los precios de gasolina y diésel, lo que conlleva un choque de costos que afecta a todos los sectores de la economía. Si bien este enfoque reduce la carga fiscal del gobierno, a su vez incrementa el costo de vida para los hogares y los costos productivos de las empresas. En este contexto, la situación se torna aún más compleja por la interacción de estas medidas con el recorte del gasto público, ya que se están trasladando las cargas económicas a la población sin un respaldo claro en inversiones estatales que puedan mitigar los efectos negativos.

Las iniciativas de focalización del subsidio energético, como el apoyo al kerosene doméstico y los bonos a taxis y colectivos, intentan mitigar el impacto de los aumentos en los precios de los combustibles. Sin embargo, estas medidas pueden ser vistas como parches temporales que no abordan las raíces estructurales del problema. Aun considerando dichos esfuerzos por amortiguar el shock, los efectos a largo plazo de las políticas de reducción de impuestos a las empresas son preocupantes. La disminución del impuesto corporativo desde el 27% al 23% podría favorecer a los sectores más privilegiados, incrementando las utilidades empresariales sin garantizar que estas se traduzcan en una mayor inversión productiva, lo que podría profundizar la desigualdad económica en el país.

La trayectoria probable de crecimiento económico de Chile para los próximos tres años, impulsada por el paquete de medidas recientemente implementado, parece sombría. Las proyecciones del Banco Central, la OCDE y el FMI, ubican el crecimiento del PIB en rangos de entre 1,5 % y 2,5 %, lo que indica una desaceleración notable en comparación con expectativas anteriores. La acumulación de factores contractivos dentro del marco fiscal, junto con el debilitamiento del consumo interno y la reducción del gasto estatal, conforman un cuadro macroeconómico inestable. A medida que los hogares enfrentan un descenso en su ingreso real debido al alza de precios, se hace evidente que el potencial de crecimiento se ve amenazado, llevando a un círculo vicioso de menor demanda y menor inversión.

En conclusión, las medidas adoptadas por el gobierno de Kast, aunque pueden ser justas desde un punto de vista fiscal, presentan fuertes tensiones macroeconómicas que sugieren un futuro incierto para la economía chilena. La combinación de políticas contractivas en un entorno de debilidad en la demanda agregada podría estar condenando al país a un crecimiento por debajo de sus capacidades, aumentando la dependencia de factores externos y exponiendo a la economía a futuras crisis. Las perspectivas de un crecimiento anémico acompañadas de inestabilidad social resaltan la necesidad urgente de una revisión fundamental de las políticas económicas actuales, para evitar así que se conviertan en un obstáculo para el desarrollo sostenible y equitativo en el país.