La reciente crítica a la Comisión para la Paz y el Entendimiento (CPyE) destaca que este organismo no opera en beneficio de los pueblos indígenas, y en particular del pueblo mapuche. Según Daniel Jadue, arquitecto y sociólogo chileno, esta comisión sirve para institucionalizar la derrota del movimiento mapuche, transformando su resistencia en una mera gestión administrativa. Al presentar un lenguaje técnico y una apariencia de reconciliación, el Estado chileno ha utilizado la CPyE como una herramienta de recolonización simbólica, intentando desactivar una lucha que busca justicia y reconocimiento en lugar de promesas vacías.
La génesis de la CPyE no proviene de las comunidades mapuches ni de sus líderes tradicionales, sino que emana del poder central del Estado chileno, que aún permanece arraigado en estructuras coloniales, militaristas y capitalistas. A pesar de que el informe de la comisión menciona conceptos como «reconocimiento» y «entendimiento», ignora aspectos fundamentales como el derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche y la restitución de su territorio. Esta omisión revela una falta de compromiso real con los intereses y derechos de las comunidades indígenas.
La CPyE ha sido criticada por no fomentar un diálogo genuino, imponiendo en cambio un esquema que perpetúa el control estatal sobre el conflicto. La meta de la comisión parece ser más la gestión eficiente de la resistencia mapuche que la resolución efectiva de los problemas fundamentales, perpetuando así la propiedad privada sobre tierras usurpadas. Este escenario plantea un paralelismo con formas de pacificación histórica, donde la retórica multicultural se disfraza de medidas que solo buscan neutralizar la demanda nacional del pueblo mapuche.
Si bien el informe sugiere la creación de un Fondo de Tierras, las ambigüedades en cuanto a montos, plazos y mecanismos concretos de devolución generan desconfianza. La propuesta parece más un intento de ofrecer compensaciones parciales bajo el control estatal, que una solución justa y viable. Este enfoque refleja los principios del asistencialismo, en lugar de buscar una justicia integral que reconozca el derecho del pueblo mapuche a la recuperación de su territorio ancestral.
Finalmente, la CPyE es vista por muchos como una representación de un Estado chileno que actúa no como mediador, sino como parte del problema. La legalidad chilena ha servido históricamente para facilitar el despojo de tierras mapuche, manteniendo intactos los intereses de empresas extractivistas que operan en el Wallmapu. La CPyE, en última instancia, no busca una reconciliación auténtica, sino conservar el estatus quo mientras ignora las peticiones de autonomía y reconocimiento pleno del pueblo mapuche. En este contexto, la resistencia se erige como la respuesta ineludible frente a un Estado burgués que sigue optando por la pacificación sin justicia.