El Gobierno de México, a través de un comunicado emitido por la Cancillería, reafirmó su postura al declarar que «no aceptará la participación de fuerzas militares de Estados Unidos en su territorio». Esta afirmación llega en un contexto delicado, tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien defendió el envío de tropas estadounidenses contra los cárteles del narcotráfico en América Latina. Trump justifica esta medida como un intento por «proteger» a Estados Unidos en medio de la creciente crisis del fentanilo, una droga que ha provocado un aumento alarmante en el número de muertes en su país. El llamado de Trump a aumentar la militarización en la lucha contra el narcotráfico ha intensificado las tensiones entre ambos países, que han compartido largas y complicadas historias de cooperación y conflicto en temas de seguridad.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, emitió un comunicado en respuesta, subrayando que, aunque ambos países deben enfrentar la amenaza del narcotráfico con seriedad, la colaboración se basa en un respeto mutuo a la soberanía. En su mensaje, Johnson enfatizó la importancia de un esfuerzo conjunto para desmantelar las redes de los cárteles que no solo representan un reto a la seguridad pública, sino que, según afirmó, actúan como organizaciones terroristas que generan miedo en las comunidades. Su declaración es un reflejo del compromiso de los Estados Unidos de trabajar en cooperación en el ámbito de la seguridad, pero también manifiesta la intención de abordar la situación sin la intervención militar directa.”},{
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México apuntó que la colaboración entre ambas naciones debe basarse en el respeto a la soberanía y la igualdad, enfatizando que cada país debe abordar las causas de la violencia y las adicciones que alimentan el tráfico de drogas y armas. En esta línea, la SRE resaltó que México tiene implementada una Estrategia Nacional de Seguridad que busca construir paz a partir del compromiso con la justicia y la atención a las causas estructurales. A través de esta estrategia, las autoridades mexicanas buscan desactivar la impunidad y crear un entorno más seguro para los ciudadanos, lo cual contradice el enfoque militar anunciado por Trump.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció enérgicamente en contra de cualquier intento de invasión militar estadounidense, reiterando que su país no permitirá la intervención de tropas en su territorio. En su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum enfatizó que su administración está comprometida con mantener la soberanía nacional y abordar la problemática del narcotráfico a través de mecanismos de cooperación que respeten la integridad del país. La intención de Trump de actuar unilateralmente podría desestabilizar las dinámicas diplomáticas entre México y Estados Unidos, que hasta ahora han luchado por encontrar un equilibrio en el abordaje de problemas complejos como el tráfico de drogas y la migración.
La lucha contra el fentanilo ha llevado a una escalada en los esfuerzos por parte del gobierno estadounidense para clasificar a los seis principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esta designación resalta la percepción norteamericana de que la violencia generada por el narcotráfico en México afecta directamente a su seguridad nacional. A medida que los dos países continúan discutiendo estrategias para hacer frente a esta crisis, la comunidad internacional observa de cerca cómo las decisiones tomadas por ambos gobiernos impactarán no solo en su relación bilateral, sino también en la seguridad y bienestar de millones de personas afectadas por el narcotráfico en la región.