Familiares de jóvenes venezolanos asesinados durante las manifestaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro se reunieron este miércoles en Madrid para pedir que esos «asesinatos» no queden impunes. Durante una rueda de prensa organizada por la asociación de periodistas venezolanos en España, Venezuelan Press, los familiares expresaron su dolor, especialmente al ver que Maduro había terminado en prisión, tras ser capturado por Estados Unidos, sin que la Corte Penal Internacional (CPI) haya solicitado una orden de detención internacional. «Nicolás Maduro debe pagar por todos estos asesinatos. Hay más de 10,000 víctimas en Venezuela, y todos merecen reparación y justicia», declararon enérgicamente, subrayando la urgencia de la situación que enfrenta su país.
En el encuentro, varias familias de las víctimas, entre ellas la de Diego Fernando Arellano De Figueiredo y Paúl René Moreno Camacho, compartieron historias sobre la vida y muerte de sus seres queridos, que fueron asesinados en 2017. Además de pedir una rápida respuesta de la CPI en la investigación abierta en 2018, instaron a los Estados miembros del Estatuto de Roma, como España, a emitir órdenes de captura contra Maduro y su cadena de mando por crímenes de lesa humanidad. Los presentes en la rueda de prensa enfatizaron la necesidad de justicia y de acabar con la impunidad que siguen disfrutando quienes están al frente del régimen.
También se demandó que se lleven a cabo juicios contra Nicolás Maduro por los asesinatos de manifestantes y opositores, en adición a los cargos por narcotráfico por los cuales fue capturado. Los familiares manifestaron su frustración con el hecho de que algunos subalternos de Maduro aún continúan en el gobierno en Venezuela y otros se encuentran libremente en España, sin enfrentar consecuencias por sus crímenes. Este escenario de impunidad es visto como una profundización de la crisis humanitaria y de derechos humanos que vive Venezuela.
El letrado Blas Jesús Imbroda Ortiz, expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, criticó la lentitud de la Fiscalía de la CPI en el caso venezolano, el cual lleva casi ocho años abierto sin que se hayan dictado órdenes de arresto. En contraste, mencionó que en situaciones como la invasión rusa a Ucrania o el conflicto en Gaza, la CPI ha actuado rápidamente, emitiendo órdenes contra líderes como Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu. Imbroda expresó su preocupación por el manejo del caso venezolano por parte del fiscal Karim Khan, quien dejó el cargo bajo la sombra de una investigación de acoso sexual, calificando sus acciones como «absolutamente erróneas».
A pesar de los intentos del Gobierno de Maduro de frenar la investigación alegando que su sistema de justicia estaba funcionando, la CPI finalmente reanudó la investigación en 2023, desestimando este argumento. En diciembre de 2025, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo aprobó una ley para derogar la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma, intentando desacreditar la acción de la CPI. Sin embargo, los familiares de las víctimas de estos crímenes continúan luchando por justicia y reconocimiento de sus derechos ante instancias nacionales e internacionales.