La Corte Suprema de Argentina ha tomado una decisión trascendental este martes al ratificar la condena histórica contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta resolución confirma la sentencia que la declara culpable de corrupción en contratos de obra pública durante sus mandatos, condenándola a seis años de prisión y prohibiéndole de manera permanente ocupar cargos públicos. El fallo fue emitido por unanimidad por los tres jueces del máximo tribunal, respaldando de esta manera un fallo anterior de noviembre de 2022, que concluyó que la ex mandataria dirigió una orquestada maniobra de defraudación contra el Estado argentino.
Según el fallo de la Corte, Fernández de Kirchner otorgó irregularmente concesiones de obras viales a un empresario cercano a su familia en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Este escándalo de corrupción no solo convierte a Fernández Bachelet en la primera mujer ex presidenta condenada en el país, sino que también plantea un precedente en la lucha contra la corrupción en el gobierno argentino. Además, la Justicia ha dictado el decomiso de 84.000 millones de pesos argentinos —aproximadamente 90 millones de dólares—, cantidad considerada como fondos desviado del presupuesto público, lo que subraya la magnitud del fraude.
Desde el retorno de la democracia en Argentina en 1983, solo dos exjefes de Estado han enfrentado condenas penales: Carlos Menem y, ahora, Cristina Fernández de Kirchner. La Corte Suprema desestimó las apelaciones de la defensa de la ex presidenta, reafirmando los argumentos presentados por los tribunales inferiores. Los jueces afirmaron que el proceso legal fue correcto y que las garantías constitucionales de la acusada no fueron vulneradas, subrayando que «el debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley».
El siguiente paso será que el Tribunal Oral Federal 2 determine cómo se llevará a cabo la condena de manera efectiva. Dada la avanzada edad de Fernández de Kirchner, que supera los 70 años, es probable que no cumpla la pena en prisión, sino que reciba arresto domiciliario. La “Causa Vialidad” no solo afectó a la ex presidenta, ya que otros exfuncionarios y empresarios, como Lázaro Báez, quien fue el principal adjudicatario de las obras, y José López, exsecretario de Obras Públicas, también fueron condenados. Esta investigación ha revelado un patrón de adjudicaciones irregulares que perjudicaron gravemente al Estado.
El fallo de la Corte Suprema representa un hito decisivo en la historia judicial de Argentina y un nuevo revés político para Cristina Fernández de Kirchner, cuya figura continúa dividiendo al país. La condena no solo afecta su futuro político —con la imposibilidad de competir en futuras elecciones—, sino que también reaviva el debate sobre la corrupción en la política argentina. La polarización en el país se intensifica a medida que la populista figura de la ex presidenta enfrenta las consecuencias de este escándalo, galvanizando tanto apoyos fervientes como oposiciones decididas entre la población.