La reciente negativa del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) a la candidatura de Daniel Jadue ha levantado alarmas sobre el estado de la democracia en Chile. Esta decisión, propiciada por un reclamo de Renovación Nacional (RN), refleja lo que muchos analistas consideran un golpe de estado institucional. La urgencia de la derecha por deshacerse de un líder de izquierda que podría alterar el equilibrio de poderes se ha manifestado en una serie de acusaciones aireadas sin la debida sustancia probatoria. Este motivo se alinea con un patrón más amplio que hemos visto en otros países de América Latina, donde la lucha política ha usado maquinarias judiciales y mediáticas para obstaculizar el ascenso de movimientos progresistas.
El fallo del TRICEL no solo es preocupante desde la perspectiva legal, sino que también plantea interrogantes sobre la integridad del proceso electoral en su conjunto. Existen muchas voces que destacan que la decisión es un reflejo de intereses políticos que van más allá del mero cumplimiento de la ley. Daniel Jadue, y su enfoque innovador en política local, son vistos como amenazas directas a los poderes establecidos, que buscan consolidar su dominio a través de la desinformación y la creación de un ambiente adverso para aquellos que añaden una nueva dinámica de participación ciudadana en la administración pública.
Historia reciente nos recuerda que el caso de Daniel Jadue no es el primero. José Figueroa, quien también fue alcalde comunista, enfrentó una resistencia política similar hace más de dos décadas, aunque en ese momento las condiciones no permitieron una sinergia entre las fuerzas de izquierda. La lucha por una administración local que desafíe las normas del neoliberalismo ha sido siempre vista como una amenaza por parte de una derecha que depende de mantener un status quo que favorezca a sectores empresariales y monopolios. Este contexto, de hecho, es necesario tener en cuenta para comprender las enconadas campañas de desprestigio dirigidas hacia Jadue.
Al abrir la discusión sobre la gestión pública, es significativo reconocer cómo su administración ha tratado de abordar problemas acuciantes como el colusión en la industria farmacéutica y una educación accesible para todos. No obstante, la respuesta de la derecha, consternada por el éxito en la implementación de políticas que benefician a la población, ha sido un ataque constante hacia sus iniciativas. Este enfoque no solo busca silenciar a Jadue, sino también disuadir a otras figuras potenciales que podrían seguir su ejemplo y poner en entredicho la narrativa neoliberal que ha prevalecido en la política chilena por tanto tiempo.
A través de sus acciones, Jadue ha buscado empoderar a las comunidades, instando a la ciudadanía a participar activamente en la construcción de su entorno y no limitarse a ser meros consumidores pasivos de servicios. El temor que siente la derecha ante este tipo de iniciativas es palpable y se manifiesta en ataques como los recientes, que buscan deslegitimar su liderazgo y los ejemplos exitosos que ha sembrado. De esta forma, se evidencia que detrás de la persecución a Jadue no se encuentra solamente un esfuerzo político, sino un intento por evitar que modelos alternativos de gobernanza puedan prosperar y transformar la estructura social y económica de Chile desde las bases.