La democracia es un concepto complejo que no puede ser reducido a una sola fórmula o modelo homogéneo. En este sentido, la afirmación de que solo existe un tipo de democracia, el liberal representativo, como el único válido, desconoce las múltiples variaciones que han surgido a partir de contextos históricos específicos. Esto es particularmente relevante en el análisis del sistema político cubano. El país caribeño no debe ser considerado una mera anomalía autoritaria, sino el resultado de una revolución popular que derrocó una dictadura sostenida por intereses extranjeros, específicamente de Estados Unidos. Esta perspectiva requiere una evaluación que considere las condiciones excepcionales bajo las cuales Cuba ha existido desde el triunfo de la Revolución en 1959, situación que ha llevado a su permanencia en un estado de resistencia ante un asedio constante.

La visión occidental de la democracia a menudo asocia el sistema de partido único con una dictadura. Sin embargo, esta simplificación no toma en cuenta la complejidad de la relación entre el poder político y la voluntad popular. La democracia no se determina únicamente por el número de partidos o candidatos en una elección, sino por la capacidad de los ciudadanos para influir en decisiones cruciales que afectan sus vidas. En muchos regímenes multipartidistas, las élites económicas dictan las decisiones y las estructuras sociales de poder mantienen a amplios segmentos de la población excluidos del proceso político, lo que pone en duda la autenticidad de su supuesta democracia.

Comparar a Cuba con otros países como Venezuela a menudo ignora las diferencias fundamentales entre sus procesos históricos. Esta idealización de la simplificación analítica reduce la complejidad de la política latinoamericana y puede deslegitimar el esfuerzo de los pueblos por construir su camino. Cada nación tiene su historia, sus luchas y contextos que deben ser respetados. Por lo tanto, los análisis comparativos deben ser matizados, en lugar de vacíos mantras que no contribuyen a una comprensión más amplia de los desafíos que enfrentan estos países en el ámbito de la gobernanza.

La autodeterminación de los pueblos es uno de los principios más consolidados del derecho internacional. Este derecho implica que ningún estado puede imponer su perspectiva sobre la legitimidad política de otro. Defender la autodeterminación no significa aceptar sin crítica todos los sistemas políticos existentes, sino rechazar las nostalgias coloniales que buscan tutelar a los países del Sur, bajo la premisa de promover la democracia. Este principio se convierte en vital al examinar el impacto del bloqueo económico y comercial de Estados Unidos contra Cuba, un castigo colectivo que ha sido condenado internacionalmente y que configura las condiciones materiales de vida en la isla, promoviendo un sufrimiento social extremo.

Es fundamental reconocer la incoherencia en la crítica hacia Cuba mientras se apoyan sistemas que han demostrado vulneraciones importantes a los derechos humanos en otras partes del mundo, como el caso de Ucrania. Las violaciones de derechos humanos no pueden ser utilizadas como herramientas de discurso político selectivo. Sin embargo, más preocupante es la tendencia de ciertos sectores de la izquierda que, en un intento de no incomodar a los poderes establecidos, terminan reproduciendo el discurso de estas hegemonías. Esta actitud no solo diluye la esencia misma de lo que debería ser un movimiento crítico, sino que termina por perpetuar las estructuras de poder que pretenden cuestionar, convirtiéndose en un eco de aquellas que dicen rechazar.