La preocupación por el futuro de los derechos humanos en Chile ha crecido significativamente en medio de la actual contienda electoral, donde las posiciones de las candidaturas presidenciales parecen ausentes en este crucial tema. A medida que se acerca el próximo año, surgen rumores inquietantes sobre la posible eliminación del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Esto se suma a los temores de recortes presupuestarios para los Sitios de Memoria y la potencial concesión de beneficios carcelarios a aquellos que han sido condenados por violaciones a los derechos humanos. Ante un panorama tan incierto, es vital que la ciudadanía mantenga la presión por la verdad y la justicia en materia de derechos humanos, que son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia en el país.
En conmemoración de los 52 años del golpe de Estado, la cobertura mediática ha sido llamativamente superficial, enfocándose en aspectos anecdóticos en lugar de abordar la grave crisis de derechos humanos que afecta a miles de familias chilenas. La falta de interés por parte de algunos sectores de la prensa y de las fuerzas políticas en investigar y resaltar las violaciones sistemáticas cometidas durante la dictadura y sus repercusiones actuales plantea un dilema. Las investigaciones sobre más de 1,400 cuerpos de detenidos desaparecidos parecen diluirse en el ruido de la desinformación y el olvido promovido por ciertos sectores de la sociedad.
Los recientes debates sobre el cierre de iniciativas como el Plan Nacional de Búsqueda y la eliminación de apoyos a las víctimas de la represión durante las protestas de 2019 han llevado a una alarmante normalización del negacionismo. Determinados actores políticos, en complicidad con algunos medios de comunicación, intentan desviar la atención de la importancia de seguir avanzando en la investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos. Esta estrategia es contraproducente para la memoria histórica y minimiza la deuda que el Estado tiene con las víctimas y sus familias, quienes aún claman por justicia y verdad.
En medio de este clima adverso, la postura del Presidente Gabriel Boric se vuelve crucial. Su compromiso público con la protección y promoción del Plan Nacional de Búsqueda y su defensa del presupuesto destinado a los Sitios de Memoria son gestos significativos que deben ser respaldados con fuerza por la sociedad civil. Además, las agrupaciones de familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos, así como otras organizaciones y colectivos que trabajan en la preservación de la memoria, son actores esenciales en la lucha por la verdad y la justicia. Su trabajo constante debe recibir el apoyo y reconocimiento que merece.
Finalmente, resulta profundamente hipócrita que algunos líderes políticos, que levantan su voz en favor de los derechos humanos en contextos internacionales, ignoren la realidad de su propio país. Debe existir una coherencia entre los discursos y las acciones, y es imperativo que los derechos humanos sean considerados una prioridad ineludible. El deber del Estado, los compromisos internacionales y la integridad ética demandan que se mantenga firme la lucha por la verdad y la justicia en derechos humanos. Solo así se podrá garantizar un futuro democrático saludable que rinda homenaje a las víctimas y sus familias.