La influencia política del presidente Donald Trump ha dejado una huella preocupante en los derechos humanos en América Latina y el Caribe, según el Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch (HRW). La organización ha alertado que muchos gobiernos en la región han justificado el abuso de derechos contra migrantes y ciudadanos bajo las políticas de Washington. En el primer año del nuevo mandato de Trump, varios países han profundizado políticas de seguridad que incluyen detenciones masivas y un uso excesivo de la fuerza, lo que representa un deterioro crítico de los estándares democráticos y de protección a los derechos humanos en la región.

El informe también destaca el recorte significativo de la ayuda estadounidense destinada a organizaciones de derechos humanos y medios independientes, lo que ha debilitado los mecanismos de control democrático en países como El Salvador, Perú y Ecuador. Estas naciones han impulsado legislaciones que facilitan el cierre arbitrario de organizaciones civiles y medios de comunicación. HRW critica la postura selectiva de la política exterior estadounidense, que ha condenado violaciones en Venezuela, Cuba y Nicaragua, mientras ignora abusos en países aliados en la región.

HRW señala que el reciente ataque militar de EE.UU. contra Venezuela, en enero de 2026, puede ser contraproducente, ya que podría fortalecer al gobierno autoritario venezolano y responder a los intereses de Washington en la región. La organización insta a los gobiernos latinoamericanos a oponerse a estas acciones en el Caribe y el Pacífico, que han desembocado en la muerte de más de 120 personas, lo que podría interpretarse como ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional. Esta injerencia militar genera mayores tensiones en una región ya debilitada por la violencia y el abuso de poder.

En cuanto a la crisis migratoria, el informe documenta abusos sustanciales contra deportados desde Estados Unidos, además de detenciones arbitrarias de extranjeros en Panamá y Costa Rica. Entre las denuncias se encuentran las desapariciones forzadas y torturas a venezolanos deportados en El Salvador, así como la intensificación de las deportaciones de haitianos desde la República Dominicana hacia condiciones peligrosas. Estas violaciones serias de derechos humanos subrayan la necesidad de una vigilancia permanente sobre las políticas migratorias en América Latina y el Caribe.

La expansión del crimen organizado también figura como una de las amenazas más graves a los derechos humanos en la región. En Haití, el 90% de Puerto Príncipe está controlado por grupos criminales; mientras que en países como Brasil, México y Colombia, las respuestas estatales han sido operativos letales y la ampliación de la inteligencia estatal, lo que resulta en la suspensión de derechos fundamentales. A pesar de este panorama adverso, HRW enfatiza la importancia de los periodistas y las organizaciones de derechos humanos, quienes continúan luchando por la democracia en entornos hostiles, instando a los gobiernos a proteger su labor en lugar de criminalizarla.