El debate sobre la asignación económica destinada a los exgobernantes del país ha cobrado relevancia en los últimos días, ante varios proyectos que buscan modificar o eliminar los montos que reciben. La Constitución establece que los expresidentes gozan de una dieta parlamentaria superior a los 7 millones de pesos mensuales, además de otras asignaciones para gastos de traslado y funcionamiento de oficinas. Esta situación ha generado reacciones tanto a favor como en contra, creando un ambiente de discusión en torno a la dignidad del cargo que ocuparon estos exlíderes y la percepción pública sobre sus beneficios.
La postura del Gobierno respecto a este tema ha sido clara. La Moneda ha defendido la existencia de una dieta para expresidentes, argumentando que esta medida es necesaria “por la dignidad del cargo”. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, expresó que es vital mantener un marco que respete el rol de los exjefes de Estado, señalando que en democracias de alta calidad se establece algún tipo de compensación económica para evitar que estos líderes se conviertan en lobbistas o enfrenten conflictos de interés tras dejar su puesto.
Entre las propuestas que se están analizando en el Congreso, destaca la que sugiere imponer un mínimo de edad de 65 años para que expresidentes puedan acceder a una pensión vitalicia. Si esta iniciativa se aprobara, afectaría directamente al actual presidente Gabriel Boric, quien sería el único que no podría beneficiarse de dicha pensión. Esta directriz refleja un movimiento hacia la fiscalización y la regulación más estricta sobre las asignaciones económicas destinadas a quienes han ocupado el más alto cargo del país.
Por otra parte, también se están considerando otras ideas que buscan reducir los montos asignados o incluso eliminar las asignaciones para gastos de traslado y operaciones de oficinas. La discusión sobre estos beneficios económicos se intensifica en un contexto social donde las demandas de austeridad y justicia económica son cada vez más evidentes, lo que lleva a muchos ciudadanos a cuestionar la conveniencia de mantener cifras tan elevadas para quienes ya han tenido acceso a privilegios durante su tiempo en el poder.
El debate es, sin duda, complejo y refleja tensiones entre la necesidad de garantizar una dignidad postejercicio para los exmandatarios y las exigencias de la ciudadanía por una administración más transparente y equitativa de los recursos públicos. A medida que avanzan las discusiones en el Congreso, se espera que los diversos puntos de vista se integren para encontrar un equilibrio que satisfaga tanto el respeto por las figuras de liderazgo como la exigencia social por justicia económica.