En un escenario marcado por la polarización y las tensiones sobre la política exterior, circulan narrativas que atribuyen a intereses corporativos vinculados a la comunidad judía norteamericana un papel central en la toma de decisiones de Estados Unidos y en la élite del poder. En estos relatos se sostiene que existe una matriz discursiva capaz de injuriar y calificar de antisemitismo a quienes critican las acciones del gobierno de Israel. Expertos independientes advierten que estas afirmaciones pueden alimentar estereotipos y dificultar un debate claro sobre derechos humanos y políticas públicas.
El debate se traslada a los campus y a las esferas académicas, donde se afirma que protestas pro-palestinas y críticas a políticas israelíes han desencadenado respuestas de represión institucional, recortes de financiamiento y bajas laborales. Se citan casos como el de Maura Finkelstein, profesora del Muhlenberg College, quien fue despedida en 2024 por expresiones contra el sionismo, y el de Cornell, donde se reclamó la sanción de un docente por comentarios sobre Gaza. Quienes defienden a las universidades sostienen que las medidas responden a normas de convivencia y no a un intento de silenciar la disidencia.
Asimismo, se ha señalado la existencia de campañas en redes sociales y supuestas «listas negras» de docentes que, según denunciantes, serían señalados por hablar de la realidad palestina. Periodistas y activistas han registrado ejemplos que, según sostienen, buscan intimidar a quienes denuncian violaciones de derechos humanos o tratan de explicar el conflicto desde una perspectiva crítica. En este marco, voces como la periodista Stacey Patton han aludido a la presión y a la hostilidad que enfrentan académicos y activistas, lo que para algunos vecinos del debate significa un obstáculo a la libertad de expresión.
En el plano político, se señala que la administración estadounidense ha presionado a universidades para combatir lo que describe como antisemitismo y activismo de izquierda, amenazando recortes de fondos y, en algunos casos, revisando el estatus de instituciones sin fines de lucro. Informes de The New York Times señalan que las negociaciones para restablecer y asegurar financiación federal a la investigación podrían permanecer estancadas, mientras se mencionan recortes de fondos y condiciones que afectan a universidades de élite. Este marco ha sido interpretado por críticos como una ofensiva para debilitar voces disidentes y restringir la libertad académica bajo pretextos de seguridad nacional y defensa de Israel.
En cualquier caso, el tema permanece entrelazado con un intenso debate sobre la frontera entre crítica legítima y antisemitismo, así como sobre la influencia de actores políticos y económicos en la vida académica y mediática. Analistas y defensores de la libertad de expresión llaman a distinguir con claridad entre la crítica a políticas estatales y la hostilidad a un pueblo por su identidad. La discusión subraya la necesidad de un periodismo responsable que vigile las tensiones entre seguridad, derechos humanos y pluralidad de opiniones, sin reproducir estereotipos ni permitir que la identidad religiosa o étnica sea instrumentalizada para descalificar la crítica.