Las recientes inundaciones en Maipú han puesto de manifiesto un problema que trasciende el mero fenómeno climático. En un contexto donde barrios enteros se anegan en cuestión de minutos y familias enfrentan pérdidas devastadoras, es evidente que el Estado y el sector privado han fallado en su responsabilidad de planificar y prever los riesgos asociados a su modelo de urbanización. Más que una simple consecuencia de temporalidades excepcionales, estas inundaciones revelan una crítica profunda a un modelo urbano que prioriza las ganancias económicas sobre las necesidades colectivas. Es un ciclo vicioso donde la tragedia se vuelve norma y donde los más vulnerables son quienes cargan con el peso de las decisiones tomadas.
A medida que el agua recupera su curso, el impacto de las decisiones urbanas se hace evidente: construcción en zonas de riesgo, falta de drenajes adecuados y un desarrollo urbano que ignora las realidades del entorno natural. El negocio inmobiliario chileno, caracterizado por un enfoque neoliberal, ha convertido el suelo en una mera mercancía, colocándose así en un choque frontal con la dignidad y la seguridad que debería ofrecerse a los residentes. Este patrón de mercantilización empuja a las comunidades a vivir en condiciones precarias, en lugares que se convierten en focos de vulnerabilidad ante fenómenos naturales, centrifugando de este modo el riesgo hacia los más desprotegidos.
La incapacidad del Estado de gestionar y regular adecuadamente la construcción y urbanización se traduce en un sistema donde los riesgos son externalizados, mientras que las ganancias se concentran en manos privadas. El ciclo se perpetúa: el privado construye, vende, y obtiene ganancias, mientras la comunidad asume las consecuencias de una planificación deficiente que a menudo ignora la infraestructura necesaria para mitigar estos efectos. Esto no es simplemente un error de planificación; es una falla estructural que sistemáticamente beneficia a unos pocos a costa del bienestar de muchos, llevando a emergencias como la vivida en Maipú a convertirse en un escenario repetitivo.
Dentro de este contexto, los llamados del alcalde de Maipú a otorgar bonos y subsidios para aliviar el impacto inmediato de las inundaciones revelan una respuesta insuficiente a un problema que demanda acciones más profundas. Si bien la ayuda humanitaria es crucial, no puede ser la única respuesta ante situaciones donde la dinámica de poder y desarrollo urbano deben ser cuestionadas. La solución no pasa solo por reparar, sino por prevenir. La falta de una Zonificación de riesgo efectiva y de una infraestructura de aguas lluvias adecuada se convierte en una negligencia del Estado, que debe asumir un rol activo en la planificación urbana y protección social, asegurando que el derecho a una ciudad digna sea garantizado para todos, y no solo para aquellos que pueden pagar.
La crisis habitacional y la vulnerabilidad urbana requieren una política pública que comprenda que el desarrollo no puede ser mediado por intereses económicos a corto plazo. La lógica del ahorro y la inversión debe ser sustituida por un enfoque que ponga el bienestar de la comunidad en el centro. En este sentido, se hace vital crear leyes que exijan a quienes se benefician de la construcción en áreas de alto riesgo a financiar las medidas necesarias para mitigar ese riesgo. Esta es una invitación a repensar la urbanización no como una transacción económica, sino como un espacio compartido donde cada decisión refleja un compromiso con un futuro más seguro y equitativo. Solo así evitaremos que las inundaciones de Maipú y otras comunas se conviertan en la norma del día a día.