La reciente decisión del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que absolvió al excarabinero Claudio Crespo del cargo de causar la ceguera de Gustavo Gatica durante las protestas de 2019, ha reabierto las heridas de un país que sigue lidiando con su pasado reciente y la herencia del dictador Augusto Pinochet. Este fallo, emitido el 13 de enero de 2026, utilizó la Ley 21.560, también conocida como Ley Naín-Retamal, para declarar a Crespo «no punible» bajo la presunción de legítima defensa. La revictimización que esta ley impone a las víctimas de torturas y violaciones a los derechos humanos ha producido una ola de indignación entre la sociedad civil, evidenciando una clara distinción entre las fuerzas de seguridad y quienes exigen justicia y reparación por los abusos sufridos.

El estallido social de octubre de 2019 y la prolongada militarización de los territorios mapuches han dejado un legado de violencia que continúa en el presente. Con más de 460 traumas oculares y miles de denuncias de torturas, la impunidad arraigada en las fuerzas de Carabineros se manifiesta una vez más con la Ley Naín-Retamal. Esta legislación fortalece la idea de que los efectivos policiales pueden actuar con un alto grado de libertad bajo la sospecha de ser los «defensores del orden público». Si bien el Estado tiene la responsabilidad de mantener la seguridad, esta norma convierte el abuso sistemático en política pública, generando así un ciclo de violencia y represión impune.

La revictimización institucionalizada, a través de mecanismos legales como la Ley Naín-Retamal, altera profundamente la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Al delegar la carga de la prueba sobre la agresión en las víctimas y desestimar la responsabilidad de los carabineros, se perpetúa un sistema que favorece la impunidad. Esto se observa claramente en el caso de Gustavo Gatica, donde el tribunal convirtió a un manifestante pacífico en una figura agresora, justificando así el uso de la fuerza letal por parte de la policía. Esta dinámica no solo silencia a quienes han sufrido abusos, sino que también deslegitima el derecho a la protesta, socavando la esencia misma de una democracia.

El quiebre dentro de la coalición oficialista chilena, evidenciado por el Partido Socialista (PS) que congeló su participación ante las críticas de los partidos Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), ilustra una profunda crisis en la política chilena. Este distanciamiento resalta la fractura entre dos ideologías: una que prioriza los derechos humanos frente a la represión y otra que aboga por la seguridad pública a cualquier costo. Este debate no es solo político, sino que también tiene un fuerte impacto emocional en aquellos que han padecido abusos, lo que deja evidente que la lucha por justicia no se puede separar de la lucha por la dignidad y la memoria de las víctimas.

El legado de la dictadura de Pinochet sigue vivo en Chile, no sólo por los pactos del silencio entre los militares, sino también por leyes como la Naín-Retamal que reinstauran una forma de control opresivo. La normalización de prácticas represivas contra la población civil amenaza con repetir los ciclos de violencia del pasado. Como periodista y víctima de tortura en el exilio, hago un llamado urgente a la construcción de un sistema que priorice la verdad, la reparación y, sobre todo, la no repetición. Si Chile anhela lograr una democracia plena, debe enfrentar y desmontar la impunidad que blinda a las fuerzas represivas y reconocer el dolor de aquellos que todavía buscan justicia.