La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el texto base del proyecto de ley Antifacción con una votación que resultó en 370 votos a favor y 110 en contra. Esta iniciativa, destinada a combatir el crimen organizado, fue presentada originalmente por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, pero ha sido objeto de intensas modificaciones por parte de la oposición. Con esta aprobación, el Gobierno del líder progresista ha experimentado una significativa derrota, y el proyecto ahora se enfrenta a una nueva etapa en el Senado, donde deberá ser votado antes de que el presidente pueda sancionarlo.
La ley antifacción tiene como objetivo principal combatir organizaciones criminales consideradas «ultraviolentas», así como milicias y grupos paramilitares. La propuesta establece penas severas que oscilan entre 20 y 40 años de prisión, llegando hasta 66 años para los líderes de estas organizaciones. Los delitos que abarca la legislación, como el dominio territorial y el reclutamiento de menores, son clasificados como intolerables, lo que incrementa la rigurosidad de las penas e impide a los condenados acceder a beneficios penitenciarios. También se plantea un régimen de progresiones de pena más estricto y la obligatoriedad de que los líderes cumplan sus condenas en prisiones federales.
La votación estuvo marcada por intensas tensiones entre el Ejecutivo y la oposición. Las críticas se centraron en el presidente de los diputados, Hugo Motta, por haber designado al legislador opositor Guilherme Derrite como ponente del proyecto. Esta acción suscitó sospechas acerca de una supuesta maniobra política, dado que Derrite es un legislador centroderecha y secretario de Seguridad en el estado de Sao Paulo, cuyo gobernador, Tarcísio de Freitas, podría ser adversario de Lula en futuras elecciones. A pesar de la victoria obtenida, la oposición no pudo incluir en el proyecto una de sus propuestas clave: equiparar las organizaciones criminales a grupos terroristas.
El debate en la Cámara de Diputados fue tenso, con intentos fallidos por parte de los diputados oficialistas de revertir o aplazar la votación. Argumentaron que las sucesivas versiones presentadas por el ponente habían alterado la «espina dorsal» del proyecto inicial enviado al Congreso por el Ministerio de Justicia. Motta defendió que la Cámara había cumplido su responsabilidad de debatir y no simplemente de aprovar los textos del Gobierno sin cuestionamientos. Por su parte, la oposición expresó su satisfacción tras conseguir lo que definieron como «la respuesta más dura de la historia» del Congreso frente al crimen organizado.
Sin embargo, el Gobierno ha manifestado preocupaciones sobre la pérdida de autonomía y recursos de la Policía Federal como consecuencia de la nueva legislación. Según las críticas, la nueva ley implicaría que la Policía ahora deberá compartir los bienes confiscados con los fondos estatales de seguridad, lo que podría afectar su capacidad operativa. Con el trasfondo de una creciente violencia y desafíos de seguridad pública en Brasil, el desenlace de este proyecto de ley en el Senado será observado de cerca, dado que podría tener repercusiones significativas en la lucha contra el crimen organizado en el país.