La reciente declaración de la Ministra de Educación chilena sobre la intención de «pausar» la aplicación de la Ley 21.040, conocida como Nueva Educación Pública, ha generado un intenso debate en el país. Esta decisión, ratificada por el Presidente de la República, establece un precedente preocupante en la forma de abordar las leyes en Chile. Con la idea de «pausar» una ley que ha sido producto de un extenso proceso legislativo y que busca mejorar la educación pública, se abre la puerta a cuestionar la estabilidad y el respeto al Estado de Derecho, conceptos que el gobierno parece defender fervientemente en otros contextos, especialmente cuando se trata de favorecimientos hacia el empresariado.
La Ley de Nueva Educación Pública fue diseñada para fortalecer la gestión de los Servicios Locales de Educación (SLEP), mejorar la infraestructura educativa y garantizar una educación continua durante la transición. A pesar de que estos objetivos han sido apoyados y en parte logrados por el gobierno anterior, y de que muchos de los problemas señalados en el debate legislativo han sido abordados en las recientes modificaciones, la ministra elige ignorar estas mejoras. Esto plantea interrogantes sobre sus verdaderas intenciones y el porqué del revés en un tema tan crucial para el futuro educativo de millones de niños y niñas en Chile.
La estrategia comunicacional de los grandes medios de comunicación también juega un papel importante en este panorama, perpetuando la narrativa de que los SLEP son sinónimo de fracaso. Mientras tanto, las pruebas de avance en matrícula, infraestructura y en el fortalecimiento de la participación de la comunidad educativa son obviadas. Esta desinformación solo agrava la incertidumbre en los padres y estudiantes, quienes se ven inmersos en un clima de desconfianza respecto a la educación pública, justo cuando esta necesitaba estabilidad y continuidad.
Es esencial que la ministra se comprometa a dialogar con todas las partes involucradas en el proceso educativo. Ignorar las experiencias y evidencias de los 169 alcaldes que han trabajado en conjunto con los SLEP es un error grave que podría tener repercusiones negativas en el desarrollo educativo. Las recomendaciones de importantes centros universitarios y los informes del Consejo Asesor del Sistema de Educación Pública son claros: se debe avanzar, no pausar, en la implementación de políticas educativas pensadas para mejorar la calidad y el acceso a la educación pública.
Finalmente, el anuncio de validar la reducción de presupuestos a los SLEP y la suspensión de concursos para contratación de funcionarios generará un impacto desastrozo en el proceso educativo. El clima de incertidumbre que se está creando solo favorece la liberalización de la educación privada, lo que podría revertir décadas de esfuerzo para crear una educación pública inclusiva y de calidad. Es crucial que la comunidad educativa se movilice, promoviendo un debate informado que defienda la educación pública y rechace el debilitamiento del sistema educativo que, en última instancia, beneficia a un selecto grupo empresarial.