La Ley de Reconstrucción, anunciada por el presidente José Antonio Kast, ha generado un fuerte rechazo entre la ciudadanía y diversos expertos en materia económica y social. Esta legislación, que propone una drástica reducción de impuestos para las grandes empresas, se presenta como una solución al crecimiento económico, pero para muchos, es simplemente un mecanismo destinado a beneficiar al 1% más rico del país. Según el destacado arquitecto y sociólogo Daniel Jadue, se trata de una maniobra que ya ha sido utilizada antes: una promesa de «chorreo» que históricamente nunca ha cumplido con su promesa de redistribuir la riqueza, sino que ha consolidado el poder de los grupos económicos a expensas del bienestar general.
El anuncio de un regalo de 450 millones de pesos anuales para cada integrante del 0,01% más rico del país es un claro ejemplo de la injusticia de esta medida. A la vez que el gobierno busca financiar estos beneficios mediante la reducción del gasto público en 4.000 millones de dólares, se evidencia cómo sectores críticos como la salud y la educación pública, que ya enfrentan un estado de precariedad, serán los más afectados por esta política. La propuesta de Kast deja al descubierto la profunda falta de consideración hacia las familias trabajadoras, que deben lidiar con el aumento del costo de vida, mientras se privilegian los intereses empresariales.
Jadue también critica la falta de sustento técnico de esta reforma frente a las normativas fiscales de países de la OCDE. Mientras naciones como Australia o Nueva Zelanda mantienen tasas impositivas superiores al 26% y logran recaudar más del 30% del PIB, la reducción del impuesto a las grandes empresas del 27% al 23% en Chile parece no tener justificación. Este tipo de políticas, que favorecen a los grandes capitales, solo contribuyen a aumentar la desigualdad en un país que enfrenta serias crisis en áreas básicas como la educación y la salud, exacerbando las tensiones sociales ya existentes.
El diseño de la Ley de Reconstrucción incluye elementos que, según Jadue, son inaceptables en un sistema democrático. Entre ellos, la reintegración tributaria que favorece a los grandes capitales y la invariabilidad que limita la capacidad del Congreso para modificar esta política en el futuro. Además, la reducción del impuesto a las donaciones abre una puerta para la evasión del impuesto a la herencia, lo que representa un giro que favorece aún más a los más ricos en detrimento de la clase trabajadora. Dicha situación convierte el panorama laboral en una trampa, ya que un subsidio destinado a fomentar la contratación de trabajadores de bajos salarios beneficia mayormente a los empleadores sin garantizar realmente aumentos en los sueldos.
Finalmente, el llamado de Jadue a la movilización y unidad popular resuena profundamente en un contexto donde el gobierno de Kast ha decidido trasladar el costo de los combustibles a la clase media y a los sectores populares. Este acto subraya una clara orientación a priorizar la rentabilidad empresarial sobre el bienestar común, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de una administración que se alinea más con los intereses de las élites que con los de la ciudadanía. En medio de este ambiente de restauración conservadora y neoliberal, las voces que reclaman una defensa de la soberanía nacional y la justicia social cobran una relevancia crucial en la lucha por un futuro más equitativo en Chile.