El Gobierno de Venezuela ha manifestado enérgicamente su descontento ante las recientes declaraciones de funcionarios estadounidenses, quienes han asegurado estar listos para utilizar todos los recursos a su disposición para detener el flujo de drogas proveniente de su territorio. En un comunicado difundido a través de Telegram, la Cancillería venezolana ha advertido que dichas amenazas no solo afectan a la nación caribeña, sino que, de acuerdo con su perspectiva, jeopardizan la paz y la estabilidad de la región en su conjunto. Este pronunciamiento resalta la preocupación venezolana por el impacto que estas acciones y declaraciones pueden tener sobre la Zona de Paz proclamada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), un espacio que busca promover la soberanía y la cooperación entre países latinoamericanos.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha declarado que la Administración del presidente Donald Trump está decidida a lidiar con el narcotráfico en la región, incluso mediante el despliegue de 4.000 soldados y tres buques de guerra en las aguas del Caribe. Leavitt y otros funcionarios estadounidenses han reiterado su postura sobre el actual régimen de Nicolás Maduro, al describirlo no solo como un gobierno ilegítimo sino como un cartel del narcotráfico, apuntando a un mensaje claro: su objetivo es capturar a los responsables de este crimen y llevar a cabo acciones contundentes para combatirlo. Estas afirmaciones generan una escalada en las tensiones diplomáticas entre ambos países, intensificando los intercambios de acusaciones y deslegitimaciones.
En respuesta a las alegaciones de Estados Unidos, el Ejecutivo venezolano ha declarado que ve claramente la «desesperación» de la Administración Obama, insistiendo en que las amenazas y difamaciones en su contra son un reflejo de la pérdida de credibilidad de Washington. El Gobierno venezolano sostiene que, desde la eliminación de la oficina de control de drogas de Estados Unidos en 2005, han mostrado resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado. Aseguran que han desmantelado redes de narcotráfico y fortalecido la seguridad en sus fronteras y costas, reafirmando su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, lo que contrasta con las acusaciones de los Estados Unidos.
La situación se complica aún más con el despliegue militar estadounidense en el Caribe, según fuentes de la defensa citadas por CNN. Este movimiento se considera parte de un esfuerzo por combatir los carteles de narcotráfico que operan en la región. Sin embargo, en respuesta, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, ha indicado que las autoridades venezolanas han aumentado su propia presencia militar en las aguas del país, destacando la movilización de su fuerza armada como medida de defensa ante las amenazas externas. Esta escalada militar en ambos lados sugiere una posible intensificación del conflicto, aumentando las tensiones entre los dos países.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado el despliegue de 4.5 millones de milicianos en todo el país como parte de un así llamado «plan de paz», coincidiendo con la creciente preocupación por el despliegue militar estadounidense. Maduro, en un llamado a su población, ha instado a las milicias a estar «preparadas, activadas y armadas», lo que refleja la urgencia con la que el régimen aborda la situación. A esta respuesta se suma la reciente confiscación, según las autoridades de EE.UU., de bienes vinculados a Maduro por un valor de 700 millones de dólares, lo cual agrega una dimensión económica al conflicto, donde el narcotráfico se convierte en el eje de múltiples acusaciones y molestias diplomáticas, delineando un futuro incierto en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.