La reciente detención de Enrique Anaya, un abogado constitucionalista que se atrevió a criticar públicamente al presidente Nayib Bukele, ha encendido alarmas sobre el estado de la libertad de expresión en El Salvador. En un programa televisivo, Anaya expresó su temor a represalias, asegurando que aquellos que se atreven a hablar en contra del ídolo que representa Bukele «van presos». Esta situación no es aislada; apenas días después, otra abogada, Ruth Eleonora López, fue arrestada por presunto enriquecimiento ilícito tras cuestionar la gestión de Bukele. Ambos casos son parte de un patrón más amplio de hostigamiento a voces disidentes, lo que ha escalado a una crisis en el ámbito de los derechos humanos en el país.
El clima de represión se ha intensificado desde la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que exige a organizaciones e individuos que reciban financiamiento del extranjero declararlo y pagar impuestos, un mecanismo interpretado por muchos como un intento de silenciar a los críticos e independizar los medios de comunicación. Mientras Bukele se muestra indiferente a las acusaciones de dictadura, los datos revelan que un porcentaje significativo de la población teme sufrir represalias por criticar al gobierno. Esto se refleja en encuestas recientes que destacan que cerca del 60% de los salvadoreños considera que expresar críticas podría llevar a un arresto.
Las detenciones no solo afectan a abogados y activistas, sino también a periodistas. La Asociación de Periodistas de El Salvador ha documentado un desplazamiento forzado de unos 40 reporteros que se sintieron obligados a abandonar el país debido a un patrón de hostigamiento y amenazas. Uno de los casos más notorios es el de Óscar Martínez, editor del medio digital El Faro, quien abandonó El Salvador después de publicar reportajes sobre los presuntos tratos entre el gobierno de Bukele y las pandillas. La situación que enfrentan los periodistas es cada vez más precaria, ya que los soldados impiden su labor y amenazan su seguridad.
La reacción internacional no se ha hecho esperar, y organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación por las detenciones de defensores de derechos humanos, así como por la creciente criminalización de la oposición. A pesar de las advertencias, Bukele parece sentirse fortalecido por su alianza con Estados Unidos y su apoyo en la figura del expresidente Trump. Analistas apuntan a que Bukele percibe un respaldo tácito ante sus prácticas autoritarias, lo que le permite centralizar aún más su poder sin temor a represalias internacionales significativas.
Mientras tanto, el respaldo popular hacia Bukele se mantiene elevado, con encuestas que indican más de un 80% de aprobación entre la población. Sin embargo, la misma encuesta revela un profundo miedo a las repercusiones de la disidencia. La dichosa frase de Bukele, «me tiene sin cuidado que me llamen dictador», se convierte en un emblemático reflejo de su postura frente a las críticas. La situación en El Salvador es un claro ejemplo de cómo la consolidación del poder puede llevar a un enclaustramiento de las libertades y un retroceso en los derechos humanos, poniendo en jaque el futuro democrático del país.