La negociación ramal ha sido, a lo largo de la historia del movimiento sindical, una demanda fundamental que busca mejorar las condiciones laborales y fortalecer las capacidades de negociación de los trabajadores. Este mecanismo no se limita a cuestiones técnicas o ideológicas, sino que se erige como una herramienta civilizatoria esencial en las democracias laborales contemporáneas. A través de ella, se establecen parámetros comunes dentro de cada sector productivo, previniendo la competencia desleal y sobre todo, protegiendo a los trabajadores más vulnerables de prácticas empresariales que buscan abaratar costos a expensas de sus derechos.

El compromiso del presidente Gabriel Boric en 2023 de presentar un proyecto de ley para la negociación colectiva ramal marcó un hito en la política laboral de Chile. Sin embargo, dos años después, este anhelo sigue sin concretarse en acciones tangibles. El regreso a las trincheras discursivas por parte de sectores de la derecha y de la gran empresa, liderados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), ha resultado predecible. Utilizan un lenguaje alarmista que habla de ‘rigideces’ y ‘amenazas a la productividad’ con el fin de deslegitimar los avances en materia labora. Esta estrategia no es nueva y recuerda los discursos del pasado que se opusieron a los derechos laborales básicos.

En la base de estos argumentos se encuentra un temor antiguo: el temor a perder el control sobre el mundo del trabajo. Mientras se plantean como defensores de la libertad, esos mismos grupos económicos se oponen a democratizar las relaciones laborales y a reconocer los derechos fundamentales de los trabajadores. Es una clara contradicción que revela que su concepto de libertad se limita a la protección de sus propios intereses, alertando sobre la ‘libertad de mercado’ que les favorece, pero ignoran la ‘libertad’ de los trabajadores para salir de la precariedad.

La esencia de la negociación ramal es redistributiva y busca cuestionar un modelo que históricamente se ha basado en la fragmentación y en la subordinación de la clase trabajadora. Este modelo prevalente genera voces de alarma entre quienes temen que cada avance en derechos laborales signifique una pérdida de privilegios. A medida que se avanza en la lucha por una economía más equitativa y digna, se contrasta con las posturas de una minoría que ve en la mejora de las condiciones laborales una amenaza a su poder económico.

A pesar de las resistencias, el Gobierno debe entender que cada minuto perdido sin el avance del proyecto de negociación ramal erosiona la confianza de una ciudadanía que anhela cambios reales. Este proyecto va más allá de una simple reforma laboral; es una señal política que refleja el tipo de país que Chile aspira a ser. Desde la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), se continuará presionando para que este debate avance, subrayando que estas luchas históricas no han surgido de la espera, sino de la acción colectiva organizada. El futuro del trabajo dignificante no se definirá en las oficinas del poder, sino en las manos de quienes día a día sostienen el país.