El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha emitido una dura crítica contra el reciente operativo naval realizado por Estados Unidos en el Caribe, que resultó en la muerte de 11 presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Petro calificó este suceso de «asesinato» y mostró su preocupacion a través de una publicación en su cuenta de X. Según el mandatario, si los informes sobre el ataque son precisos, se trata de un acto inaceptable que podría considerarse como asesinato en cualquier contexto internacional. Esta postura pone de manifiesto la creciente tensión entre Colombia y Estados Unidos en el manejo de la crisis del narcotráfico en la región.
En sus declaraciones, Petro defendió la estrategia de su gobierno, que prioriza la captura de personas involucradas en el transporte de drogas sin recurrir a la fuerza letal. Argumentó que los que transportan estupefacientes son, en su mayoría, jóvenes vulnerables de comunidades empobrecidas en el Caribe y el Pacífico, y no los líderes de las organizaciones criminales. Al compartir imágenes del operativo naval que causó la muerte de estos individuos, Petro destacó la necesidad de abordar el problema del narcotráfico desde una perspectiva más humana, enfocándose en las causas subyacentes de la pobreza y la desigualdad que impulsan a estos jóvenes a involucrarse en actividades ilegales.
Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la acción militar. En una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, Trump argumentó que la operación era esencial para «frenar el flujo de drogas» que proviene de Venezuela y que amenaza a la seguridad y bienestar de los estadounidenses. Esta misión, que incluye destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear, fue presentada por el gobierno estadounidense como una medida de defensa y prevención del narcotráfico, respaldada por varios países de la región. Sin embargo, la resistencia de Colombia a la intervención militar pone de relieve las tensiones diplomáticas entre ambas naciones.
La comunidad internacional ha estado observando de cerca esta situación, especialmente en el contexto de la reunión virtual de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde el gobierno colombiano expresó su rechazo a la lógica de intervención militar de Estados Unidos. Este encuentro destacó la diversidad de opiniones dentro de la región respecto a la estrategia del gobierno estadounidense en la lucha contra el narcotráfico. Mientras algunos países, como Guyana, apoyan el despliegue militar, otros temen que la intensificación de las acciones militares pueda exacerbar la crisis humanitaria y fortalecer la estigmatización de las comunidades afectadas.
El debate sobre la legitimidad de las acciones militares en el Caribe revela un dilema complejo: el balance entre la lucha contra el narcotráfico y el respeto a la soberanía de las naciones. Las declaraciones de Petro sugieren que el enfoque tradicional de ataques directos puede no ser la solución más eficaz para abordar el problema del narcotráfico. De hecho, la respuesta de Petro resuena en un contexto más amplio de búsqueda de soluciones sostenibles que aborden las raíces de la violencia y la pobreza en la región, planteando preguntas críticas sobre la política internacional y su impacto en los pueblos latinoamericanos.