En el contexto político de abril de 2026, la prensa chilena se encuentra en el ojo del huracán debido a la cobertura del editorial de «La Semana Política» de El Mercurio. Mediante el artículo titulado “Fuga de Apablaza” y el análisis del “PC y el Caso Guzmán”, la publicación lanza ataques a la legitimidad democrática del Partido Comunista (PC), insinuando que esta organización no solo promueve la violencia, sino que también se alinea con el terrorismo. Los testimonios de figuras destacadas del PC, en los que se mencionan conceptos como “daños colaterales” y “autodefensa legítima”, son utilizados para crear un vínculo entre el partido y la apología de actos violentos, reconfigurando así su imagen ante la opinión pública como un actor marginal que opera fuera del ámbito democrático.
Esta estrategia de desprestigio se alinea con la tendencia de la actual administración de ultraderecha, que ha buscado fortalecer su narrativa de control y mano dura contra la disidencia. El Mercurio enfatiza un doble estándar en el discurso del PC, que exige justicia más severa para otros, pero se siente perseguido cuando se le investiga a fondo. Esta crítica apunta a diluir la autoridad moral del PC en su histórica defensa de los derechos humanos, planteando una falta de coherencia que puede deslegitimar su voz dentro del debate político y judicial en Chile.
Además, la publicación busca generar rupturas en el oficialismo y en el espectro de la izquierda, forzando una elección crítica entre aquellos que defienden el Estado de Derecho y quienes son percibidos como cómplices del terrorismo. Al dirigirse a partidos como el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, El Mercurio espera quebrantar alianzas que, en teoría, podrían hacer frente a la administración actual y su retórica de «mano dura». Este enfoque puede buscar sembrar inseguridad entre los partidos de izquierda, obligándolos a tomar posiciones que podrían ser desfavorables para su imagen pública.
Legítimamente, estos artículos contribuyen a la creación de un ambiente propicio para la criminalización de la oposición política en Chile, donde los militantes del PC son equiparados a terroristas. Con ello, se justifica el fortalecimiento de las políticas de seguridad del gobierno de Kast, que busca mayor control sobre organizaciones críticas y una vigilancia constante de sus actividades. Este marco normativo también apunta a legitimar la presión estatal sobre países vecinos como Argentina, ignorando derechos básicos como el debido proceso, en nombre de la seguridad nacional.
Finalmente, el tratamiento del caso Guzmán por parte de El Mercurio plantea una simplificación peligrosa que reduce el contexto de resistencia de grupos como el FPMR a meras acciones terroristas. Esta narrativa, que niega el trasfondo de persecución política durante la dictadura, promueve una memoria histórica que despolitiza un conflicto complejo y violento, en el que las responsabilidades son minimizadas según la conveniencia política del momento. Así, El Mercurio y su editorial no solo son un reflejo de la actualidad, sino un instrumento de lucha política que refuerza una visión unilateral de la historia, afectando la percepción pública sobre la violencia de Estado y su legado.