En México, la gobernadora Claudia Sheinbaum se encuentra ante un desafío monumental: lidiar con el legado de la violencia en Michoacán, donde los cultivos de aguacates y limones han sido convertidos en objetivos de los cárteles, tratándolos como si fueran cajeros automáticos. La reciente ola de asesinatos en Uruapan, que incluía a Bernardo Bravo, líder de productores de limón, y el alcalde Carlos Manzo, bañado en sangre durante las festividades de Día de Muertos, ha resaltado el aumento de la violencia que golpea a la región. Los reportajes de Denise Dresser para Americas Quarterly evidencian que, mientras los líderes locales intentan frenar la violencia, los cárteles se infiltran en las cadenas de suministro agrícola, extorsionando a los agricultores y dejando a muchos en la incertidumbre y la desesperanza.
La situación en Michoacán ha trascendido al simple control de rutas de narcotráfico; se ha convertido en una lucha por el control económico y una captura de gobernanza. Desde que el exgobernador Lázaro Cárdenas hizo un llamado a ayuda federal en 2007, la militarización de la seguridad ha sido la respuesta, aunque con consecuencias trágicas. Un incremento alarmante en los homicidios vinculados al crimen organizado ha resurgido, alcanzando cifras impactantes bajo distintas administraciones. Las estadísticas muestran un ciclo persistente de violencia; como resultado, la militarización ha complicado aún más la situación, fragmentando organizaciones criminales y, en consecuencia, intensificando la competitividad y la violencia en el sector civil.
En respuesta a la creciente crisis, el Plan Michoacán presentado por Sheinbaum busca implementar medidas de seguridad y programas sociales que promuevan la paz. Sin embargo, la propuesta ha sido criticada por su falta de claridad y financiación adecuada. La gobernadora ha enfocado su discurso en desvincularse de la responsabilidad actual, señalando hacia administraciones pasadas y restando importancia a los desafíos que enfrenta su propio partido en el gobierno estatal. Denise Dresser señala que, a pesar de promesas de „cero impunidad“, hay dudas sobre la efectividad de los esfuerzos en Michoacán, donde los asesinatos y la extorsión siguen siendo rampantes.
Los agricultores de Michoacán viven en un ambiente donde la extorsión es parte de sus cuentas, como los fertilizantes o el combustible. La presión por parte del gobierno federal y la urgencia de resultados ante la mirada crítica de Estados Unidos añade una capa de dificultad. Si el Plan Michoacán no enfrenta adecuadamente la extorsión que sufre este sector, la posibilidad de un cambio real es incierta. Para los productores, la seguridad en sus actividades diarias es vital, al igual que la protección de sus comunidades frente a una amenaza que ha ido creciendo en las sombras durante años.
Al final, la de Sheinbaum es una carrera contra el tiempo. La reiterada violencia y los asesinatos en Michoacán no solo solapan la agricultura sino que también diluyen la soberanía del estado en sus propias tierras. Las caléndulas, símbolo del Día de Muertos, ahora adornan escenas de crimen, resaltando una ansiedad colectiva por un futuro que amenaza con estar marcado por la impunidad. En un contexto donde cada ronda de violencia podría ser el preludio de más sangre, el gobierno debe actuar con eficacia antes de que el invierno llegue y con él, nuevas temporadas de luto para los pueblos ahogados en el miedo.