En una reciente declaración, Mike Hammer, el principal diplomático de Estados Unidos en La Habana, anunció un endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba, lo que se percibe como un intento de aniquilar la economía cubana. Esta medida se inscribe en la línea de acciones implementadas durante la administración de Donald Trump, que incluyeron la reinclusión de Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, así como restricciones severas sobre remesas y la anulación de programas migratorios establecidos durante el gobierno de Joe Biden. Este cambio de enfoque no solo refuerza el cerco económico sobre la isla, sino que intensifica el sufrimiento de una población que ya enfrenta dificultades significativas debido a restricciones impuestas desde Washington.
Desde el inicio del primer mandato de Trump en 2017, la administración ha dejado claro que su objetivo es desmantelar cualquier avance logrado durante la administración de Barack Obama, donde se inició un periodo de distensión y diálogo. Sin embargo, lo que comenzó como un enfoque impulsado por consideraciones políticas personales ha evolucionado en un ataque sistemático contra la economía y bienestar de los cubanos, en un contexto donde la pandemia de Covid-19 ha exacerbado las carencias económicas en la isla. A medida que las autoridades cubanas han resistido las presiones externas, los nuevos mecanismos de sanciones continúan llegando, destruyendo las posibilidades de recuperación económica y social.
La influencia de figuras radicales del anticastrismo, como Marco Rubio, ha cimentado una política que percibe a Cuba a través de la lente de la Guerra Fría, aun cuando los contextos globales han cambiado dramáticamente desde la caída del bloque soviético. Este enfoque obsoleto y polarizado ignora las realidades contemporáneas y perpetúa un ciclo de hostilidad que solo afecta a los ciudadanos comunes. Las embajadas y las relaciones diplomáticas deben evolucionar, pero el compromiso de este grupo político con una retórica de confrontación limita cualquier posibilidad de diálogo constructivo.
Mientras la administración de Trump se presenta como defensora de la democracia, su uso de decretos ejecutivos abiertamente infringe los principios democráticos y constitucionales que dicen proteger. Estas políticas, que ignoran la participación del Congreso, ilustran una hipocresía fundamental: la proclamación de un compromiso con la democracia mientras se emplean tácticas autoritarias. Al recibir ayudas de regímenes lejanos, como la monarquía absoluta de Catar, se evidencia una desconexión entre la retórica política y la práctica real de lo que promueve como valores democráticos.
El bloqueo, que se sostiene bajo una justificación diplomática, es en realidad contrario al derecho internacional y ha sido rechazado por casi todos los países en la Asamblea General de Naciones Unidas de manera consecutiva. La comunidad internacional ha condenado las violaciones a los derechos humanos representadas por esta política, que inflige sufrimiento a millones de civiles cubanos que no tienen ninguna participación en las disputas geopolíticas. Esta doble moral sirve como recordatorio de que, tras las decisiones políticas que tratan de deslegitimar a la Revolución cubana, están las vidas de personas que, a pesar de sus adversidades, luchan por un futuro mejor.