La reciente controversia alrededor de los salarios de los asesores del presidente José Antonio Kast ha suscitado un intenso debate en la política chilena. La cifra de hasta $9,9 millones mensuales que podrían recibir algunos asesores haatraído la atención tanto de la opinión pública como de los medios de comunicación. Este monto se colocó en el centro de la discusión cuando se reveló que no había sido fijado directamente por el gobierno actual, sino que provenía de un oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres) datado el 17 de marzo de 2026, proporcionando una perspectiva sobre cómo se manejan las remuneraciones en la administración pública. Así, se destacó que los sueldos de estos asesores dependen de ciertos requisitos, generando una sensación de alarma y sorpresa en gran parte de la población.

En el mencionado oficio, se aclaró que los asesores de confianza del presidente pueden recibir hasta el 90% del salario del mandatario, que, en este caso, se establece en $11,07 millones. Esto implica que los asesores más destacados podrían llegar a un tope de $9.963.058 mensuales, siempre y cuando cumplan con las condiciones exigidas. Sin embargo, si poseen calificaciones parciales, su sueldo se vería reducido a un máximo de $7,8 millones. Esta estructura salarial, así como las condiciones que la rodean, han generado reacciones tanto a favor como en contra, con críticas centradas en la posibilidad de sueldos tan elevados en un contexto de desigualdad social y desafíos económicos.

La comparación con los sueldos de los asesores del anterior gobierno de Gabriel Boric ha sido inevitable. Según informes, durante la administración de Boric, algunos asesores recibían salarios que alcanzaban hasta los $7 millones. Este contraste ha alimentado la percepción de que los nuevos límites salariales establecidos podrían reflejar una desconexión con las realidades económicas que enfrenta el país. Las críticas han surgido de diversas aristas, sugiriendo que el aumento representaría un abuso en el uso de los recursos públicos, cuando muchos ciudadanos aún lidian con el costo de vida en aumento y otras dificultades económicas.

En respuesta a la controversia, el exministro Francisco Vidal explicó que la comisión encargada de definir los límites salariales no estaba vinculada al Ejecutivo, sino que operaba de manera autónoma. Esta comisión fue establecida bajo la Ley 21.233 en 2022, durante la gestión del ahora presidente Gabriel Boric, y fue compuesta por miembros propuestos por él y aprobados por el Congreso en 2023. Entre sus decisiones, se definió el sueldo bruto del presidente y, en consecuencia, el porcentaje destinado a los asesores, poniendo de relieve que la responsabilidad de fijar salarios recae en la autoridad correspondiente, determinada por el desempeño específico de cada asesor.

Es importante señalar que el incremento salarial que enfrentan los asesores del presidente Kast se justifica, según expertos, por la necesidad de adecuar los sueldos a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este ajuste no significa que todos los asesores recibirán automáticamente el tope máximo, dado que la última palabra recae en la autoridad que deberá considerar las particularidades de cada rol en la estructura del gobierno. La controversia sobre los salarios podría, al final, resaltar la importancia de contar con una discusión más profunda sobre la remuneración en el sector público y la justicia social en el contexto chileno.