Un informe de la organización no gubernamental Prisoners Defenders, publicado este lunes, revela que al menos 60,000 presos en Cuba, lo que equivale a casi la mitad de la población penitenciaria de la isla, están sometidos a trabajos forzados en condiciones extremadamente críticas. La organización denuncia que estos trabajos, a menudo sin remuneración o con salarios simbólicos que no superan los cuatro dólares mensuales, constituyen formas contemporáneas de esclavitud. Según el informe, tales prácticas están en directa violación de la legislación internacional y de los derechos laborales de los prisioneros y, sin embargo, se han consolidado como un motor económico en la isla, permitiendo la exportación de productos hacia Europa.
Prisoners Defenders destaca en su estudio que los reclusos laboran en condiciones que se describen como «inhumanas y explotadoras», siendo obligados a trabajar un promedio de 63 horas semanales. Las principales actividades incluyen la producción de carbón vegetal, zafra de caña de azúcar, elaboración de tabacos y trabajos en la construcción. Los testimonios recogidos en el informe revelan que la gran mayoría de los entrevistados ha sido coaccionada a trabajar mediante amenazas, violencia física y represalias físicas, incluso cuando padecen enfermedades crónicas o are incapacidades físicas que les impiden realizar sus funciones adecuadamente.
La organización también subraya que las leyes cubanas, analizadas exhaustivamente en el informe, amparan el trabajo forzoso de los reos, lo que les permite operar fuera del marco de cualquier regulación internacional. Este enfoque legalizado contribuye a una «desconexión absoluta e impune» respecto a los derechos humanos y laborales, permitiendo que el Estado explote a los prisioneros de forma sistemática. El informe resalta que la situación ha generado preocupación entre organismos internacionales, incluyendo el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha criticado abiertamente a Cuba por estas violaciones.
El informe se basa en entrevistas estandarizadas a 53 exreclusos, complementadas por otras 60 entrevistas y documentos verificados, implicando un marco robusto de recolección de datos entre abril y agosto de 2025. Todos los testimonios fueron obtenidos de forma anónima y bajo consentimiento informado, asegurando así la protección de las víctimas y el respeto a su privacidad. Prisoners Defenders hace un llamado a la comunidad internacional para que se tomen medidas frente a estas violaciones a los derechos humanos que se perpetran en el sistema penitenciario cubano.
La denuncia de Prisoners Defenders evidencia una problemática que trasciende el ámbito nacional y despierta el interés de varias naciones y organismos internacionales. Las condiciones laborales de los reclusos cubanos, quienes son obligados a trabajar para la economía del país sin recibir una compensación digna, son un símbolo de la represión y el abuso de poder que enfrenta el régimen cubano. La presión internacional parece estar creciendo, y aunque Cuba ha recibido críticas, la falta de cambios significativos en sus políticas penitenciarias sugiere que el camino hacia la justicia aún puede ser largo.