La fiscalía federal en Nueva York ha intensificado su caso contra Danielle Bertothy, una turista de Missouri acusada de haber incendiado tres negocios y parte de una hospedería en Cabo Rojo, Puerto Rico, a principios de este año. Durante una reciente audiencia, la fiscal Corinne Cordero Romo informó que no se descartan cargos adicionales que podrían surgir en base al contenido de dos dispositivos electrónicos confiscados a Bertothy, un celular y una tableta iPad. La fiscalía está en el proceso de evaluar esta evidencia, que podría ser determinante para el futuro legal de la acusada.
Justin Gelfand, abogado de Bertothy, ha manifestado que no existen razones claras para enmendar el pliego acusatorio, aunque reconoció que el control sobre las decisiones de la fiscalía no es de su clienta. «Si ellos deciden llevar ese camino, lo evaluaremos y responderemos oportunamente», dijo Gelfand. La situación se complica, ya que para evitar un juicio, Bertothy tendría que admitir su responsabilidad en los hechos, pero ello depende de la evidencia que aun no ha sido entregada por la fiscalía, la cual es esencial para que la defensa pueda argumentar su caso.
Los incidentes que llevaron a la acusación de Bertothy ocurrieron en la madrugada del 2 de enero en la zona de El Combate, donde un incendio se inició en Bar Marea, propagándose rápidamente a otros establecimientos cercanos. Conflictos previos en el bar, que implicaron un altercado con varios clientes y el personal del local, sumados a imágenes de video que muestran a Bertothy manejando un contenedor de gasolina, han sido elementos claves en la acusación. Sin embargo, informes de laboratorio han determinado que no se encontraron rastros de material inflamable en las prendas de vestir de la acusada.
El caso ha generado una gran indignación que ha trascendido fronteras, especialmente entre la diáspora puertorriqueña, lo que ha llevado a activistas y políticos a intervenir. La concejal Daniela Velázquez, de origen puertorriqueño y representante de St. Louis, envió una carta a la gerencia de HLK, la empresa donde trabajaba Bertothy, resultando en su suspensión y posterior despido. La repercusión pública del caso fue avivada por los videos que circularon en las redes sociales, llevando el asunto a ser discutido en plataformas de mayor tamaño.
La defensa de Bertothy ha solicitado más tiempo para revisar la información adicional que esperan de la fiscalía, incluyendo los hallazgos del perro policía que participó en el allanamiento. Este perro supuestamente identificó acelerantes en la ropa de la acusada, pero los resultados de laboratorio contradicen estas afirmaciones. La jueza Gina Méndez Miró ha programado una nueva audiencia para el 23 de mayo, y ya se ha establecido una fecha preliminar para el juicio el 23 de junio si el caso continúa. La atención sobre el caso sigue siendo alta, tanto en Puerto Rico como en el extranjero, haciendo eco del debate sobre el comportamiento de los turistas en la isla.