El reciente ataque en un colegio de Calama, que resultó en la trágica muerte de una inspectora y dejó a varios estudiantes heridos, ha reavivado el debate sobre la seguridad en los establecimientos educativos. La conmoción se siente en todas las capas de la sociedad, donde el diálogo sobre las causas y consecuencias de la violencia en las escuelas se ha vuelto crucial. La comunidad educativa y la ciudadanía en general deben plantearse cuestiones fundamentales sobre cómo se han abordado los problemas de violencia y seguridad, así como las implicaciones de estas acciones en el entorno educativo. La necesidad de espacios de aprendizaje pacíficos es más urgente que nunca y requiere una reflexión colectiva sobre el papel de la educación en la violencia y la inclusión social.
Sin embargo, las respuestas del gobierno han causado una ola de críticas. En lugar de fomentar un ambiente de aprendizaje seguro y positivo, se plantea un proyecto de ley que busca restringir las libertades de estudiantes y docentes. Este enfoque, que muchos consideran erróneo y contraproducente, no solo estigmatiza a los jóvenes, sino que también ignora la esencia de la educación, que reside en la confianza y el respeto mutuo. Guillermo Scherping, profesor en Valparaíso, denunció esta »insolencia y desprecio» hacia los estudiantes y el personal educativo. Esta percepción de desconfianza dentro de las instituciones que deberían ser refugios de conocimiento y desarrollo plantea preguntas inquietantes sobre el rumbo de la educación.
Además, hay un trasfondo histórico asociado al tema de la violencia en las escuelas que no puede ser ignorado. Los medios han reportado un aumento de la violencia en los colegios, pero es esencial recordar que este no es un fenómeno nuevo. Desde tiempos de la dictadura, cuando se perpetraron actos atroces en las instituciones educativas, hasta hoy, la violencia ha tenido diversas manifestaciones que afectan el ambiente escolar. La memoria histórica marca la pauta para entender que los problemas actuales requieren soluciones profundas, más que parches temporales que deslumbran en el presente. La educación debe ser un espacio de reflexión y diálogo para sacar a la luz estas heridas históricas.
El alarmante incremento de homicidios y violentos en las escuelas ha llevado a cuestionar la capacidad del gobierno para responder adecuadamente a esta crisis. Aumentar las restricciones y el control dentro de las aulas no resolverá los problemas que se viven en el contexto social más amplio. Los hechos han demostrado que la violencia y la inseguridad no se combaten con medidas punitivas, sino a través de la promoción de una educación integral que fomente la colaboración, la solidaridad y la democracia. Si en lugar de responder pedagógicamente, se opta por la represión y el miedo, se corre el riesgo de perpetuar un ciclo de violencia y desconfianza.
Por último, es fundamental recordar que la violencia no es la norma en las escuelas. La mayoría de los colegios y liceos trabajan todos los días para proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor. La intervención del gobierno debe enfocarse en el diálogo y la construcción de una cultura de paz y ciudadanía activa, involucrando a todos los actores educativos en un proceso constructivo. El llamado es a retirar el proyecto de ley que limita las libertades, y en su lugar, abrir un espacio para la discusión pedagógica y la creación de estrategias que fortalezcan a las comunidades escolares en su rol como promotores de paz, donde cada estudiante y educador pueda desarrollarse plenamente.